La Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle, ocurrida en octubre de 2013. La resolución debe respetarse, como corresponde en un Estado de derecho, pero resulta imposible ignorar el inquietante lugar en el que queda la Justicia después de un procedimiento marcado por retrasos absolutamente inaceptables. Han transcurrido casi trece años desde una tragedia que destrozó seis familias. El juicio no comenzó hasta 2023 y la sentencia tardó más de un año en conocerse. La Justicia, cuando llega tan tarde, difícilmente puede cumplir plenamente su función, con independencia del sentido del fallo. La imagen de los jueces atraviesa además un momento delicado, no solo por su evidente enfrentamiento con el Gobierno, sino también por casos como este, que agrandan la distancia entre las instituciones y los ciudadanos. ¿Con qué cara se mira ahora a unas familias que han esperado durante tantos años? ¿Qué queda para ellas después de las absoluciones? ¿Dónde está la reparación? Las sentencias se acatan, pero los retrasos deben explicarse y asumirse. Porque también dañan, también condenan y dejan heridas que ninguna resolución tardía puede cerrar.
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