La decisión de la Junta de Castilla y León de iniciar acciones legales contra el peaje de la autopista del Huerna merece un aplauso. Por fin una administración anuncia que está dispuesta a pasar de las palabras a los hechos para combatir una situación que perjudica desde hace décadas a los ciudadanos y a las empresas de León y Asturias. Es una iniciativa que deberían secundar otras instituciones, porque la defensa de los intereses de los ciudadanos exige algo más que aprobar mociones, formular declaraciones o intercambiar reproches políticos. Sin embargo, este reconocimiento no puede ocultar que la reacción llega demasiado tarde. Los leoneses llevan demasiados años soportando un peaje desproporcionado, agravado por unas obras que dificultan la circulación sin que disminuya el coste del servicio. La polémica prórroga de la concesión debería haber provocado una respuesta institucional mucho más contundente desde hace tiempo. Ahora corresponde comprobar que el anuncio se traduce en actuaciones concretas y que otras administraciones toman ejemplo. La eliminación de este peaje no debería ser una reivindicación partidista, sino una causa compartida. Porque lo verdaderamente lamentable es que haya sido necesario esperar tanto para defender algo tan evidente.
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