El 31 de octubre era una fecha marcada en rojo en el calendario de las juntas vecinales. La reforma local aprobada por el Gobierno establece su disolución si antes de esa fecha no habían presentado sus cuentas de 2014. Ya el año pasado muchas de ellas anduvieron a contrarreloj para cumplir este requisito (llegó incluso a habilitarse una moratoria hasta final de año), pero eso no ha servido para mejorar ahora los niveles de rendición de cuentas, puesto que hay 568 pedanías de la provincia de León que todavía no han cumplido.
Toda medida que sirva para dotar de transparencia a las administraciones públicas ha de ser bienvenida. El control del dinero público debió ser siempre un elemento vital de la gestión política, pero parece que no era así hasta el inicio de la actual situación de crisis económica.
En todo caso, hay que lamentar la indefinición política del Gobierno sobre las pedanías. Las 14 que no entregaron sus cuentas de 2013 a tiempo están incursas en un proceso de liquidación que sigue paralizado. Es el Ministerio de Hacienda quien debe instar a la Junta a abordarlo y parece que los diferentes procesos electorales previstos para el presente ejercicio han hecho que el asunto se demore. En todo caso, las pedanías deberían tomar nota y cumplir la ley tanto por cuestiones de transparencia como de supervivencia
Infefinición sobre las pedanías
El plazo terminaba el pasado 31 de octubre, pero hay 568 juntas vecinales de la provincia que no han presentado aún sus cuentas del año pasado. El Gobierno mantiene aún paralizada la disolución de las 14 que no cumplieron en 2014
09/11/2015
Actualizado a
30/08/2019
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