La provincia de León afronta dos tendencias que están estrechamente relacionadas. La nómina mensual de las pensiones ya supera los 190 millones de euros, mientras las previsiones demográficas anticipan una reducción de más de 28.000 personas en edad de trabajar entre 2030 y 2040. Son cifras distintas, pero describen un mismo problema: una población cada vez más envejecida y una base laboral que amenaza con hacerse más estrecha.
El crecimiento del gasto en pensiones responde en buena medida al aumento del número de jubilados y a la evolución de las prestaciones. Al mismo tiempo, la pérdida de población activa puede reducir la capacidad de la provincia para generar empleo, mantener actividad empresarial y sostener determinados servicios.
El debate, por tanto, no debería limitarse al coste de las pensiones. León necesita ampliar oportunidades para que los jóvenes permanezcan, facilitar la llegada de trabajadores y favorecer inversiones capaces de crear empleo estable. La evolución demográfica no se corrige de un año para otro. Precisamente por eso, las decisiones que condicionarán el León de 2040 deben comenzar mucho antes.
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