El centralismo –quien sabe si inventado por Julio César para gobernar con mano de hierro Gallaecia y las Galias; patentado con categoría de Estado por Napoleón; y venerado por todos los dictadores centralistas de los últimos doscientos años, de Stalin a Franco– es una categoría políticamente transversal que igual puede ser de derechas, centralismo comunista o podemita; y transversal también en el territorio: le gusta igual a un alcalde mandón que a un presidente de la diputación ungido por el dedo divino de Génova o Ferraz, a una presidenta ida o a la no menos hipercentralista Comisión Europea.
Todos ellos –en CyL, de Aznar a Mañueco, pasando por Posada, Lucas y Herrera– tienen un concepto ombliguista y autoritario de la Administración Territorial («El Estado soy yo», que decía el zoquete francés, y no me tiren de la lengua). Tras cuarenta años de Centraluto en Castilla y León, los avances en federalismo real son casi nulos: las correas de transmisión del poder siguen en las mismas manos; y la soberanía popular secuestrada en los mismos despachos, atascada cada día en una peor y más ineficaz burrocracia. Este es mi diagnóstico; y la solución pasa por suprimir la mitad (o más) de esos despachos con transferencias de poder real, con competencias serias. Hace tiempo que lo inventó don Manuel Fraga y tiene un nombre sencillo, pero nunca ha interesado –ni a los suyos ni a los ajenos–: se llama Administración Única.
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