¿Dónde está Juana?

Desde el día veintiséis de julio muchos y muchas somos ‘Juana’. Nos sentimos identificados con esta mujer granadina que huyó del pueblo italiano de Carloforte con sus dos hijos de 11 y 3 años, angustiada por tener que vivir sometida a la tortura que supone compartir techo con un maltratador. En Maracena guardan silencio todos a una, como en Fuenteovejuna. En otros lugares habrá quien dude todavía si su expareja, Francesco Arcuri, cometió en realidad el delito del que se le acusa. Sin ser testigos del caso, lo único que nos consta es que este hombre cuenta con una sentencia firme de maltrato en 2009. Juana ha pedido reiteradamente recurso de amparo a varios tribunales y la última noticia que ha llegado mientras escribo este artículo, es que el Tribunal Constitucional rechaza la petición por ser extemporánea, es decir, llega tarde, las fechas no encajan; además consideran que Juana no ha agotado todas las vías judiciales. El tiempo no la ayuda, tiene que huir sin dejar rastro, nerviosa y bajo presión, mientras juzgados, jueces y un sinfín de burocracia le ofrecen por respuesta excusas inaceptables en sus circunstancias; afirman que debería haber presentado su demanda antes, aquí o allá, en español y en italiano. El caso es volverla loca y atender las formas y no el fondo.

Si la justicia y la ley tienen por objeto proteger a las personas y hacer valer sus derechos, esto es el mundo al revés. Y conste que si fuese Juan en vez de Juana diría lo mismo. Entiendo que los plazos están para cumplirlos y que tomarnos la justicia por nuestra mano no es el camino, pero si nadie nos escucha en una situación grave, una emergencia en la que la identidad, la existencia y la dignidad de tres seres humanos incurren en severo riesgo, ¿hay excusas para alegar plazos? ¿Es más importante un plazo o una vida? Me pregunto cómo reaccionarían estos magistrados si Juana aparece, entrega a sus hijos y los niños o ella resultan maltratados. Eso sí, cumplieron la ley, cuyo sentido se perdería en el más absurdo de los limbos.

Juana no debió huir, opina una gran mayoría. Ahora pesa sobre ella una orden de busca y captura y si aparece o la encuentran, se enfrenta a una posible condena de cuatro años de cárcel y su inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre sus hijos durante diez años, acusada de retención ilícita de menores. Por eso Arcuri se frota las manos y espera sentado, porque sabe que con una justicia así, sólo es cuestión de tiempo reírse de su víctima.