Diferenciar responsabilidades

La polémica en Fabero ha vuelto a poner sobre la mesa un viejo problema de la política: la tentación de mezclar planos distintos hasta convertir cualquier asunto en una batalla partidista. La alcaldesa ha pedido la dimisión del secretario provincial del PSOE por el juicio que se sigue contra su tío, el exregidor Demetrio Alfonso, acusado de prevaricación y falsedad documental.Es obvio que ella fue apartada del PSOE con formas literalmente mafiosas, es cierto que tiene razón en que el pueblo y el partido a nivel local quedaron dividos como consecuencia de ello, pero conviene no perder de vista el fondo del caso. El propio exalcalde ha reconocido que certificó una obra no ejecutada para no perder una subvención destinada a paliar una situación de sequía, una decisión que, aun pudiendo ser irregular, se tomó —según su versión— pensando en el interés del municipio. En la política local, donde los recursos son escasos y los plazos administrativos a menudo asfixiantes, no son pocas las ocasiones en las que los alcaldes se ven obligados a actuar en decisiones difíciles y poco margen de maniobra. Eso no exime de responsabilidad ni de control judicial, pero sí obliga a contextualizar. No parece razonable presentar el caso como un supuesto de enriquecimiento personal. Tampoco ayuda a la claridad pública trasladar la responsabilidad al ámbito orgánico del partido por una relación familiar que, por sí sola, no constituye prueba de nada. Otra cosa distinta es el debate político interno. La crítica al «doble rasero» del PSOE (la hipocresía de los socialistas es obvia y no es precisamente novedad, pues apartaron a la actual alcaldesa por su situación judicial mientras situaba a otro candidato en circunstancias también controvertidas) pero, incluso ahí, conviene separar: una cosa son las decisiones orgánicas de un partido y otra los hechos.