Hay informaciones que no provocan indignación inmediata, sino algo más inquietante: desconcierto. No porque señalen una mala decisión concreta o una polémica reconocible, sino porque revelan un problema más profundo, estructural, difícil de encajar. Algo que no se resuelve con un titular ni con un cambio puntual, porque afecta al funcionamiento básico de una institución.
Mi preocupación no nace de un debate teórico ni de una lectura abstracta. Surge de conversaciones recientes, de intentar poner en marcha proyectos culturales y toparme con una realidad que no esperaba: la imposibilidad práctica de ejecutar gasto público, de concurrir a subvenciones compartidas, de sostener con normalidad servicios que deberían estar garantizados. No hablo de un único municipio ni de una situación excepcional, sino de un patrón que empieza a repetirse en distintos contextos y que corre el riesgo de normalizarse.
Cuando una administración local entra en una dinámica de bloqueo permanente, lo que se resiente no es solo un área concreta, sino el conjunto de la vida municipal. Dificultades prolongadas para comprometer gasto, deudas con proveedores que se arrastran en el tiempo, proyectos que no llegan a ejecutarse. Incluso se comentan situaciones tan graves como retrasos en el pago de nóminas en servicios esenciales, algo que debería activar todas las alarmas de cualquier institución pública.
Desde fuera, muchas cosas parecen seguir funcionando. Las puertas abren, los servicios continúan, la agenda institucional se mantiene. Pero por debajo, el sistema se tensa. Las decisiones se aplazan, los expedientes se eternizan, las oportunidades se pierden. Y poco a poco se instala una peligrosa normalización: «es lo que hay», «no se puede hacer más», «al menos esto sigue en pie».
La cultura suele ser uno de los primeros termómetros de ese desgaste. No porque sea menos importante, sino precisamente porque es más vulnerable. Bibliotecas que continúan abiertas sin poder renovar fondos durante años, actividades que se mantienen gracias al compromiso personal de quienes trabajan en ellas, cuentacuentos y propuestas culturales sostenidas por el propio personal porque no hay margen real para contratar programación externa. No es un modelo: es resistencia silenciosa. Y aunque habla muy bien de la vocación de quienes sostienen estos servicios, habla muy mal del sistema que los empuja a hacerlo.
Pero el problema no es solo cultural. Cuando una administración no puede ejecutar su presupuesto con normalidad, cuando el dinero público queda bloqueado sin transformarse en servicios reales, lo que está en juego es la capacidad misma de la institución para atender las necesidades de la ciudadanía. No se trata de grandes discursos ni de proyectos ambiciosos, sino de lo más básico: pagar a tiempo, planificar, responder, cuidar.
Hay además un coste humano que rara vez se menciona. Trabajadoras y trabajadores públicos que estiran su compromiso más allá de lo razonable para que «no se note» el deterioro. Pequeñas empresas que asumen retrasos prolongados en los cobros. Profesionales externos que dejan de colaborar porque no pueden permitirse trabajar sin garantías. Todo eso configura una precariedad silenciosa que no suele ocupar titulares, pero que acaba pasando factura.
Tal vez muchas personas ya conozcan estas situaciones. Tal vez se comenten en voz baja, asumidas como parte del paisaje institucional. Pero precisamente por eso conviene escribirlo. Porque lo que se normaliza deja de interpelarnos. Y una democracia local sana no se mide solo por la ausencia de escándalos, sino por la capacidad real de sus instituciones para funcionar, cuidar y responder.
No es una llamada al enfrentamiento, sino a la reflexión. A preguntarnos qué estamos dispuestas a aceptar como normal en la gestión de lo público. Porque cuando una institución entra en modo supervivencia permanente, el problema no es solo administrativo: es profundamente político, en el sentido más noble del término. Nos afecta a todas y a todos.