En el Congreso de los Diputados esta nueva legislatura va a seguir siendo casi imposible el consenso pero ahora agravado porque lo complicado será entenderse. Cualquier señoría podrá subirse a la tribuna y lanzarse a argumentar como le salga de la lengua. No solo en castellano. También en catalán, gallego y euskera para los que se utilizarán traductores. Y en aranés (5.000 hablantes ), bable (100.000) o llionés (425.000). En estos casos no habrá intérpretes y serán los propios diputados los que tengan que traducirse a sí mismos frase por frase sin perder los matices.
Hasta no hace mucho el progreso solía conllevar una simplificación de las cosas pero el nuevo progresismo (compuesto por la izquierda vacía y la conveniencia de los nacionalismos de cualquier ideología) se ha especializado en transformar la sociedad con el único objetivo de complicarla. «El progreso ha dejado de mejorar la vida de todos para convertirse en un discurso de supervivencia personal» advertía Bauman describiendo a la perfección esta era de la imposición de las minorías. Después de arruinar siglos de evolución de la lengua castellana hacia la eficacia y la precisión con el lenguaje inclusivo ahora la política se lanza a la aniquilación misma de la esencia de un parlamento; un templo democrático de oratoria donde se debaten ideas y se discuten leyes. Dos no hablan si uno no entiende. No sirve la demagogia del Parlamento Europeo que, lleno de traductores, permite el uso de las lenguas de los países miembro. Fallido el esperanto no existe como aquí una lengua común en la que al menos intentemos comprendernos.
Las lenguas, todas, son un legado histórico, cultural y etnográfico que hay que proteger con políticas y no con estéticos gestos estériles. El Congreso es la bíblica Torre de Babel. Allí Dios les confundió con idiomas para impedir que siguieran elevando la escalera. Aquí el único objetivo de los regionalismos es evitar que se continúe en la construcción de una idea común de España.