Comisiones de desinformación

Nada escapa del proceso irreversible de desprestigio de las instituciones al que están entregados los políticos. Gobiernos y oposición son capaces de retorcer las normas sin límite refutando cada día aquel refrán de «quien hizo la ley hizo la trampa». Dedican más tiempo a lo de la trampa. Uno de los órganos manoseados, y convertidos en mera arma de batalla política, son las Comisiones de Investigación parlamentarias. La oposición las arroja sistemáticamente para intentar dilapidar gobiernos y los ejecutivos las rechazan para evitar explicaciones. El mismo partido las apoya y las niega según los territorios que gobierna evidenciando su única utilidad de filón para el rédito electoral.

En las Cortes de Castilla y León el PSOE ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación sobre la gestión de los trágicos incendios de este verano que ha sido rechazada por PP y Vox, los partidos del gobierno de coalición. Y no es que la ruina de nuestros montes y municipios no merezca una reflexión crítica. El problema es que las Comisiones de Investigación parlamentarias solo son debates electorales fuera de campaña. Un teatrillo para la crispación que se ha demostrado un despilfarro inútil de tiempo y recursos. Sus conclusiones no suponen ninguna responsabilidad penal ni siquiera política y por eso derivan en un espectáculo de la desinformación al servicio de cada sigla.

La comisión de investigación de la trama eólica, las ‘embajadas’, las cajas de ahorro, el Hospital de Burgos, las residencias durante la pandemia o el incendio de La Paramera son precedentes de ruido político (y mediático) sin conclusiones compartidas ni consecuencias. Tal es el barullo que hasta los hechos suelen quedar más confusos. Se idearon para trasladar problemas al debate público con transparencia pero olvidaron que la política es como mucho traslúcida. Mejor que los políticos se dediquen a hacer leyes y dejen a los jueces que castiguen sus trampas.