El caso Maricarmen

Ahora que todo va tan aprisa, algunos tienen mucha suerte, cuando quieren quitarse algunos problemas de encima. La llegada de nuevas noticias que desplazan a otras es para algunos como un balón de oxígeno. Así, por ejemplo, hoy se habla un poco menos de Ceuta, porque se está centrando la atención en la acampada de la Puerta del Sol. Y todo gracias a que, en medio de miles de desahucios, de personas obligadas por la ley a abandonar la casa en que residen, se han fijado especialmente en una funcionaria jubilada, de ochenta y siete años, llamada Maricarmen. En realidad, no se puede echar la culpa directa a nadie en concreto, pues lo único que ha hecho la justicia es aplicar la ley al pie de la letra. Es decir, que los culpables serán en todo caso los que elaboraron la ley o quienes, pudiendo cambiarla, no lo han hecho. Sin embargo, todo indica que este asunto se ha politizado y utilizado como arma arrojadiza contra quienes realmente no tienen la culpa.

Llama la atención la hipocresía y demagogia de quienes, habiendo tenido en sus manos durante los últimos años la responsabilidad de gobernar España, no solamente no han hecho nada, sino que han conseguido que en el tema de la vivienda que las cosas vayan muchísimo peor, eso sí, para la gente, que no para ellos. Lo menos que puede tener cualquier persona, cualquier familia, es un techo donde cobijarse y vivir dignamente. Pero no se han puesto las condiciones para que eso funcione bien. Si hubiera buena voluntad, y se tratara de llegar a acuerdos sinceros, valientes y razonables, entre todos los partidos, se podría conseguir mucho. Lo que ocurre es que parece que no hay verdaderos deseos ni voluntad de dar solución al problema.

Lo primero que debería quedar claro es que la vivienda es un derecho, no un negocio. A partir de esto, hay que ser realistas. La solución no está en dar carta a blanca a los ocupas, creando una situación de inseguridad jurídica a los modestos propietarios, ni en erradicar los desahucios, ni en las expropiaciones… sino sencillamente en construir muchísimas más viviendas, lo que a su vez generaría muchos puestos de trabajo. Por supuesto que la libertad de mercado no puede consentir prácticas especulativas inmorales. Muchos recordamos aquellos tiempos en los que el Estado no paraba de construir viviendas. Cuando nuestros familiares se trasladaban a Madrid, a Bilbao, a Barcelona o a Astorga… no tardaban en ser propietarios de un piso. ¿Por qué ahora es un sueño imposible, incluso el alquiler?