Se ha generado una polémica descomunal, con opiniones para todos los gustos, ante el simple anuncio de la intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.
España quiere recorrer el mismo camino que ha marcado Australia y que ya está siguiendo Francia. Y es previsible que no sea el último país que al menos se lo plantee. Los efectos negativos que tienen las redes sociales en el desarrollo y salud mental de los adolescentes son innegables. En ocasiones su uso y, por supuesto, su abuso puede acarrear consecuencias devastadoras.
Los bulos siempre han existido, pero hemos llegado a un punto en el que es casi imposible diferenciar una noticia o una investigación real de una falsa o simplemente maquillada. Porque, aunque afortunadamente hay medios de comunicación serios y fiables, cada vez hay más periodismo que cambia de color a conveniencia, cual camaleón. O, como dice el refrán popular, se arriman al sol que más calienta. Esto ya ocurría antes de que la tecnología irrumpiese en nuestras vidas.
Ahora la información viaja a una velocidad supersónica y con unas herramientas muy potentes a disposición para manipularla hasta convertirla en desinformación. Por eso es complicado creer muchas de las cosas que llegan a nuestros ojos o a nuestros oídos. Y otras que deberíamos conocer, apenas se mencionan. Las redes sociales son pólvora que distribuye con un simple clic esa desinformación, odio y contenidos para los que a veces no se encuentra el calificativo. Y utilizan algoritmos que son adictivos hasta un límite muy preocupante.
Al amparo del anonimato se extienden sin control auténticas aberraciones. Tal vez prohibir no sea la solución más acertada, pero parece obvio que es necesario, urgente, poner algún freno. El problema está donde siempre, surge cuando tal freno amenaza con afectar a los bolsillos de los tecnoligarcas. Con el dinero y el poder hemos topado.
En este campo, por desgracia no es el único, sobran intereses y faltan escrúpulos.