El autocomplaciente Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, ha ofrecido a la consejería de Agricultura toda su experiencia en la gestión de un banco de tierras, ese instrumento administrativo que sirve para poner en contacto y propiciar acuerdos entre quién tiene las tierras yermas, “a poulo», y quién las necesita para implantar cultivos. Modelo de éxito, dicen los políticos bercianos de todo tipo y condición, a la vez que algunos seguimos diciendo que es un invento del PP, al que se ha enganchado el PSOE, para colocar amigos con cargo al presupuesto público, sobre todo de Diputación. Con lo que se gasta Diputación en esta estrategia bien podían comprar las propiedades y entregarlas gratuitamente a quienes de verdad tuvieran interés en explotarlas haciendo una agricultura productiva y de mercado, pero no, es mejor que el dinero se lo queden los que tejen un nuevo entramado político.
Recientemente el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea mantuvo una reunión telemática con las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, y nos citó como expertos, para recabar información sobre si se estaba dando buen uso a los fondos de la Unión destinados a la incorporación de jóvenes al campo. Preguntó el alto funcionario de este organismo fiscalizador sobre qué nos parecía la idea de un banco de tierras, y todos, las cuatro organizaciones agrarias, coincidimos en que no lo veíamos, que no veíamos su utilidad. Claro que a lo mejor las organizaciones agrarias no tenemos ni idea cuando hablamos de cuestiones del campo, y que sí la tienen, tanto los políticos locales del PP y del PSOE, como alguna organización agraria local también que vive del mamoneo.
Lo contempla la Ley Agraria de Castilla y León que se aprobó por unanimidad en aquel gobierno de Juan Vicente Herrera con Silvia Clemente en la responsabilidad de la agricultura, y no se ha desarrollado. No se ha desarrollado porque nadie lo ha pedido, porque nadie creyó en eso desde el momento mismo en el que se incorporó al texto legal.