En la situación lamentable y caótica en la que se encuentra el bilingüismo en la enseñanza pública de Castilla y León hay un ‘verso suelto’ que deseo elogiar: ‘los auxiliares de conversación’. Son hablantes nativos, recién licenciados o universitarios de último curso, que asisten al profesor titular en la enseñanza de su idioma, especialmente, para reforzar las destrezas orales del alumnado. Tienen un salario de unos 800 euros al mes por 14 horas semanales. A nuestro instituto llegaban cada año dos o tres auxiliares. Eran muy bien recibidos, solía ser su primera experiencia educativa, jóvenes de entre 20 y 25 años con mucho entusiasmo, nativos que pronunciaban el inglés correctamente, rezumaban ilusión y romanticismo en el momento más feliz de su vida, contaban con el elogio y la alabanza de los alumnos y sus padres y mi recuerdo les concede la máxima calificación.
La noticia hoy es que este colectivo está en peligro de desvanecerse. Más de 7000 auxiliares de conversación están en plena polémica actualmente. Corren el riesgo de desaparecer de los centros educativos españoles. En mi opinión todo es por una nimiedad: Por la falta de diálogo entre ministerios.
La bomba estalló en Andalucía. La Inspección de Trabajo multó a la Junta andaluza con 5.000.000 € por considerar que los estudiantes de refuerzo del bilingüismo en los colegios públicos de Sevilla durante el curso pasado vulneraban la ley, ya que no estaban dados de alta en la Seguridad Social como empleados sino que figuraban como personal de apoyo. Consecuentemente Andalucía abandonó el programa. Tenía 1.806 auxiliares de conversación y este curso no ha traído ninguno.
La Abogacía del Estado emitió un dictamen sobre la naturaleza jurídica de estos auxiliares que apuntaba que sería un error tratarlos como si fueran empleados, porque su carácter se acerca más al del voluntariado. El Ministerio de Educación también emitió un informe en la misma línea que la Abogacía.
Después de Andalucía, las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz han continuado en otras comunidades autónomas, todas ellas del PP: Galicia, Valencia y Aragón. En Castilla y León, Madrid y Extremadura también han manifestado su malestar. Todas ellas desean presentar una postura unánime ante la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón. Es importante resaltar que el programa cuenta con dos modalidades. Por una parte, hay auxiliares que forman parte del cupo del ministerio, por lo que son nombrados y pagados por el Gobierno. La segunda modalidad es la de los auxiliares del cupo autonómico que, nombran y financian las comunidades. Lo curioso es que las inspecciones sólo se estarían llevando a cabo en aquellos centros que cuentan con personal que depende directamente de los gobiernos autonómicos.
No deja de ser una pena que los auxiliares de conversación, lo único que funcionaba en el bilingüismo de los centros públicos, se vean obligados a abandonar el programa, si el Ministerio de Educación de Milagros Tolón no garantiza la seguridad jurídica necesaria para su mantenimiento. Enfrente tiene a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «El éxito o fracaso del programa dependerá del diálogo entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo».