¿Dónde va a parar el dinero de las arcas públicas, esas que los ciudadanos contribuimos en mayor o menor medida a mantener llenas?
Seguro que no soy la única que se ha hecho esta misma pregunta alguna vez. Porque la mayoría de nosotros abonamos con puntualidad tasas, impuestos, cuotas y pagos varios. Además, si no lo hacemos en el plazo requerido, se nos aplican recargos o sanciones. Son obligaciones del contribuyente.
Se entiende que el objetivo de recaudar es invertir en bienestar social, mejoras que repercutan en el bien común. Sin embargo, es notoria la escasez de profesores en colegios o institutos públicos. Del mismo modo, en la seguridad social, no se contratan suficientes sanitarios. Las plazas de funcionarios del estado, diputaciones, ayuntamientos y demás entidades también son menos de las que corresponderían. Las obras pendientes se acumulan y se demoran meses, incluso años. Las carreteras, autovías y autopistas piden reparaciones a gritos. Y no será por falta de radares cada vez más sofisticados que hacen caja a golpe de multas. Ni por falta de peajes. Las ayudas en general se conceden con cuentagotas, sin prisa. Resulta que no hay recursos para algo que deberíamos tener cubierto. Parece que lo que pagamos cae en una especie de agujero negro.
Me cuesta comprender por qué se maltrata de esta forma lo público hasta destruirlo. Privatizar determinados servicios implica que habrá personas, colectivos, que se encontrarán con serias dificultades para acceder a ellos.
Dicho de otra manera, estudiar o ir al médico, entre otras necesidades básicas, se convertirían en cosas de ricos. Podría considerarse como una violación del principio de igualdad, según el cual todos tenemos los mismos derechos y no debe existir ningún tipo de discriminación.
No quiero pecar de malpensada, así que voy a aplicar a semejante despropósito un principio conocido como navaja de Hanlon; nunca atribuyas a la malicia aquello que puede ser explicado adecuadamente por la estupidez.