Ayer, en el Ayuntamiento de León, las largas colas eran la fotografía de una administración acorralada por su propia desidia. Vecinos y comerciantes aguardaban como si hubieran ido a cobrar un subsidio. Unos esperaban en el registro, otros subían a recaudación buscando información y otros, los más resignados, consultaban el móvil para intentar entender por qué estaban perdiendo allí la mañana. El motivo es el embrollo de la tasa de basuras y el maltrato informativo que lo acompaña.
El nudo técnico es simple, aunque se han encargado de enrevesarlo. El Ayuntamiento intentó unificar y recalcular los gravámenes por recogida y tratamiento de residuos mediante una ordenanza que ha acabado anulada. Las notificaciones y las liquidaciones han llegado tarde y, en algunos casos, basadas en normas distintas, lo que ha generado recibos de 2024 practicados en 2025 y otros que se apoyan en la ordenanza ahora sin efecto. Para una vivienda la cifra ronda los 40 euros, para un local comercial el importe puede multiplicarse.
La Administración no explicó ni notificó ni motivó su actuación (como nunca suele hacer). Por eso han proliferado modelos de reclamación que no impugnan la tasa en sí, sino los vicios formales. Esa es la vía que muchos juristas recomiendan cuando hay pruebas claras de irregularidad. Y esa es la razón por la que, ayer, las colas no eran sólo físicas sino legales. Gente recogiendo documentación y presentando recursos por si acaso.
Si el recibo corresponde al tratamiento de residuos del año 2024, se apoya en la ordenanza publicada en diciembre de 2023, que sigue vigente. Por tanto, es una tasa legalmente exigible. Lo prudente es abonar la liquidación, salvo en casos concretos en los que puede presentarse recurso de reposición individual. En los locales comerciales, donde los importes son muy superiores, cabe pagar y recurrir simultáneamente para no perder el derecho a reclamar posteriormente.
Si el recibo corresponde al ejercicio 2025, la situación es otra. La ordenanza de este año fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia, lo que significa que esos cobros carecen de cobertura legal. Quien los haya recibido no debe abonarlos y, si ya lo hizo, puede solicitar la devolución de ingresos indebidos. Ojo con los nuevos recibos que se emitirán amparados en la ordenanza de 2023, válidos y de cuantía similar a los de 2024, que sí hay que pagar en plazo para evitar apremios.
Pero por encima de las recetas jurídicas, queda la moraleja política. El problema no es exclusivamente técnico, es de trato. La Administración parece creer que informar es un favor y no una obligación. Esa actitud empuja al ciudadano a la resignación y a la desconfianza. Mientras no se invierta en claridad, en rotulación de ventanillas, en personal suficiente y en comunicaciones que expliquen con contundencia qué corresponde pagar y qué impugnar, las colas seguirán siendo el termómetro de una confianza rota. Y eso es más caro que los 40 euros de cualquier recibo.