Recientemente me he visto obligada a afrontar un gasto que considero profundamente injusto. El notario que autorizó mis escrituras cometió un error que él mismo reconoció y subsanó posteriormente. Sin embargo, para corregirlo he tenido que volver a registrar la documentación y asumir de mi bolsillo un nuevo pago que no me corresponde.
Resulta incomprensible que, aun admitiendo su equivocación, las consecuencias económicas recaigan sobre el ciudadano. Los errores profesionales deben ser asumidos por quien los comete, no trasladados a quienes confiamos en su labor y cumplimos con todas las obligaciones exigidas.
Situaciones como esta evidencian la necesidad de revisar ciertos procedimientos y proteger al ciudadano frente a fallos que no son de su responsabilidad.