El 1 de julio acudí a los juzgados a acompañar a un amigo que tenía un juicio por intento de robo en su propiedad. Una pareja de guardias civiles, a la entrada, me prohibieron la entrada, pues el amigo iba acompañado de su hijo, y según ellos solo podía pasar un acompañante (se entiende que por orden superior). De nada sirvió decir que los juicios, y sobre todo penales, son a puerta abierta, cualquiera puede entrar, que lo consagra la Constitución (art. 120.). Dijeron que había normas… a lo que repliqué Que estas no pueden ir contra la Constitución. El Guardia decía que si quería pasar tenia que pedir autorización al magistrado de sala; cuando la privación de entrar debe ser la excepción, decretada expresamente (por motivos de intimidad, menores, riesgo de altercado, etc.), pero lo ordinario es que lo sea a puertas abiertas.
De hecho, me vi privado de la asistencia al juicio, a la que tenia todo el derecho. Esto es un “abuso de mando” que es intolerable, y menos en la institución de la administración de la (supuesta) “justicia”. Esto viene siendo habitual desde la instauración de petición de cita para otras administraciones; claro, en más cómodo que vaya menos gente a hacer gestiones (por dificultad de conseguir cita), y menos tránsito por los pasillos. Obviamente, hay más tranquilidad en la estancia (será lo que buscan), pero se están vulnerando los derechos del ciudadano.