En Ponferrada y en el conjunto del Bierzo, la situación de la vivienda, los salarios y los precios que han motivado la huelga general del 11 de noviembre, tiene características propias. A la espera de una reindustrialización necesaria, a la merma progresiva en los servicios públicos y al abandono de las infraestructuras hechas y por llegar, hay un importante número viviendas vacías en Ponferrada, así como en el Bierzo, producto de la especulación y de la herencia que dejo la burbuja inmobiliaria. Ahora hay mucha en venta, otra en alquiler, a la espera de personas que con salarios dignos puedan afrontar el coste, o de otras que se empeñen de por vida. Esta realidad afecta especialmente a la juventud, a las personas con empleos temporales y a las familias con rentas bajas, pero también a quienes llegan a la comarca buscando trabajo y oportunidades. Se necesita mucha más vivienda pública.
Y esto no es una cuestión de prioridades.
El acuerdo de gobierno PP y Vox en junio de 2026 contempla condiciones como diez años de empadronamiento en la Comunidad para la compra de vivienda protegida y cinco años para el alquiler social, además de valorar la trayectoria laboral, familiar y económica de las personas solicitantes.
Aunque la Junta justifica estas medidas por la necesidad de favorecer el arraigo y fijar población, debemos analizar sus consecuencias sociales y territoriales. Un requisito de permanencia tan prolongado puede perjudicar precisamente a quienes más necesitan una oportunidad para empezar una nueva vida.
En una comarca como El Bierzo, que necesita recuperar población, atraer trabajadores y trabajadoras, garantizar el relevo generacional y combatir la despoblación, establecer barreras de acceso a la vivienda basadas en los años de empadronamiento es restringir ese acceso.
Este es el resultado de las políticas aplicadas en Comunidades Autónomas donde la extrema derecha consigue aplicar sus criterios xenófobos y restrictivos, aplicados por presidentas que no tienen ningún reparo en utilizar dinero público para comprarse un ático de 6 millones. Ahí la prioridad es familiar.
La propia política estatal de vivienda para 2026-2030 recoge entre sus objetivos la igualdad de trato y la prevención de la segregación residencial por motivos de origen racial o étnico. También contempla el acceso a las ayudas de las personas extranjeras no comunitarias que dispongan de residencia legal, conforme a los requisitos aplicables. Pero esas comunidades citadas anteriormente, no los aplicaran.
Si bien la vivienda acapara buena parte del problema con los salarios precarios, el precio de los combustibles provocado básicamente por los conflictos internacionales, hacen que la inflación se dispare y nos haga imposible abarcar las necesidades mínimas en un hogar. Mientras hay productos del campo que también han tenido subidas importantes por el precio de los combustibles y fertilizantes.
No podemos abordar la crisis de la vivienda sin hablar de salarios y negociación colectiva.
La negociación colectiva es una herramienta fundamental para garantizar que la riqueza generada por el trabajo llegue también a quienes la producen. Sin embargo, seguimos encontrándonos con convenios pendientes de negociación, bloqueos empresariales, incrementos salariales insuficientes y condiciones laborales que no responden a la realidad económica. Y que no se utilice el término «absentismo» como estrategia empresarial para no subir salarios. Lo que ellos llaman absentismo tiene un nombre claro y conciso. Se llaman DERECHOS.
Vivienda y salarios son dos caras de una misma realidad. No tiene sentido defender el desarrollo económico de nuestra comarca si quienes trabajan aquí no pueden acceder a una vivienda o se ven obligados a marcharse por falta de oportunidades.
Queremos un Bierzo con futuro, donde trabajar permita vivir, donde la vivienda sea un derecho y donde nadie tenga que marcharse ni encuentre obstáculos para venir por su origen o procedencia.
Queremos salarios dignos, negociación colectiva fuerte e igualdad de oportunidades para todas las personas que quieran construir aquí su proyecto de vida.
Y hablando de derechos, la HUELGA es otro más.
Roberto Echegaray, Secretario Comarcal de CCOO
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