En la mañana del 11 de marzo de 2004, los trenes de cercanías avanzaban hacia el corazón de Madrid con la normalidad de cualquier día laborable. Miles de personas se dirigían al trabajo o a la universidad cuando, en cuestión de minutos, la rutina quedó hecha añicos. Diez explosiones sacudieron varios convoyes que se dirigían a la estación de Atocha. El balance fue devastador: 193 muertos y más de dos mil heridos. Aquel día no solo marcó una tragedia humana; también cambió para siempre el curso de la política española.
En ese momento gobernaba el Ejecutivo conservador de José María Aznar, firme aliado de Washington en la guerra de Irak. En las horas posteriores a los atentados, el Gobierno señaló rápidamente a la organización separatista vasca ETA. Sin embargo, las investigaciones comenzaron pronto a apuntar hacia una célula yihadista inspirada por Al-Qaeda. Aquella disonancia entre el relato oficial y las evidencias emergentes provocó una profunda crisis de confianza.
Tres días después, las urnas hablaron. En unas elecciones celebradas bajo la conmoción colectiva, el PP perdió el poder. Los socialistas, liderados por José Luis Rodríguez Zapatero, llegaron al Gobierno con una promesa clara: retirar a España de la guerra de Irak. El país parecía cerrar así una etapa marcada por la idea de que los conflictos lejanos podían terminar golpeando en casa..
Más de veinte años después, esa memoria vuelve a aparecer en el debate político. En un contexto internacional marcado por las tensiones en Oriente Próximo y la posibilidad de una escalada con Irán, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado directamente a las lecciones del pasado. «No debemos repetir los errores», ha insistido al explicar la negativa de su Ejecutivo a implicar a España en una nueva aventura militar.
Para el Gobierno socialista del PSOE, permitir que las bases militares en territorio español se utilicen en operaciones contra Irán o en una escalada regional supondría un riesgo innecesario. La prudencia, sostienen en La Moncloa, no es debilidad, sino memoria.
La oposición, sin embargo, ve las cosas de otra manera. Desde el PP hasta la derecha radical de Vox, se acusa al Ejecutivo de adoptar una posición excesivamente cauta frente a sus aliados occidentales. Pero en la conciencia colectiva del país siguen presentes las imágenes de aquellos trenes destrozados y de una ciudad paralizada por el dolor..
Tal vez por eso el 11-M sigue siendo algo más que una fecha en el calendario. Es un recordatorio incómodo de cómo las decisiones tomadas en escenarios lejanos pueden tener consecuencias inmediatas dentro de las propias fronteras. Y en una España que todavía recuerda aquel amanecer trágico, la política exterior continúa moviéndose bajo la sombra de esa lección.