Los secretarios municipales llevan al Supremo el decreto de las juntas vecinales

Cositleón considera que la norma es contraria la Ley de Bases de Régimen Local

L.N.C.
16/05/2018
 Actualizado a 15/09/2019
León es la provincia con más juntas vecinales de España, cuenta con casi un tercio del total. | MAURICIO PEÑA
León es la provincia con más juntas vecinales de España, cuenta con casi un tercio del total. | MAURICIO PEÑA
El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de León (Cositleón) ha presentado en el día de hoy ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a través de su letrado, el abogado leonés Víctor Álvarez Bayón, un recurso judicial contra el Gobierno y el Real Decreto 128/2018, que les impone la Secretaría de las Juntas Vecinales.

En concreto, este decreto impone a los Secretarios de cada Ayuntamiento asumir obligatoriamente las secretarias de sus juntas vecinales de cada municipio así como las tareas y responsabilidades que ello conlleva.

Esta decisión se denuncia como "irracional e insostenible" especialmente para los secretarios de la provincia de León, pues en la misma se ubican casi la mitad de las entidades locales menores de todo el país —más de 1.200 de las 3.000 que hay en todo el Estado—.

"En esta provincia hay un gran número de municipios que tienen una media de entre cinco y diez juntas vecinales, llegando algún municipio a 37, siendo una tarea que por sí misma supera a una sola persona a lo cual se une también las propias obligaciones que se tiene como Secretario del Ayuntamiento”, apuntan.

Esta situación de los Secretarios de León, que denuncian ser los más afectados, se complica aún más cuando las juntas vecinales "carecen de ordenadores y de medios personales para el adecuado ejercicio de sus funciones".

En cualquier caso, confían en que el Tribunal Supremo estime sus argumentos apreciando que "esta Disposición es contraria a Ley de Bases de Régimen Local, que es un texto con rango de Ley y, por tanto, superior al Reglamento aprobado", según explican en un comunicado.

Lo anterior no es incompatible con los contactos que la organización colegial leonesa mantiene con el Ministerio, con los grupos parlamentarios y con las demás Instituciones afectadas, para que se busquen fórmulas alternativas al polémico precepto reglamentario y se solucione el conflicto de manera extraprocesal.
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