El acuerdo, siempre según la fiscalía, incluía que De Pedro y Alonso Conesa emplearan sus influencias políticas para apoyar las aspiraciones de Martín Marcos a liderar el PP de León y su candidatura a presidir la Diputación tras las siguientes elecciones.
La primera sesión del juicio arrancó con las cuestiones previas planteadas por las partes, que se centraron en sus últimas alegaciones sobre documentos y testigos incluidos en el procedimiento y también en el orden de los interrogatorios a los acusados. Además, se puso de manifiesto por parte de las defensas la existencia de dilaciones indebidas muy cualificadas, que según el letrado de Alejandro de Pedro, «podrían ocasionar la nulidad del procedimiento» y en todo caso «han causado un daño importantísimo a nuestros representados».
La defensa de Martínez Barazón argumentado que durante el proceso de instrucción se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa, ya que no han tenido acceso al contenido de dispositivos electrónicos intervenidos en los registros que el Ministerio Fiscal sí ha podido examinar, por lo que ha hablado de una falta de respeto al principio de «igualdad de armas».
Mientras, el letrado de Pedro Vicente Sánchez insistió en la indefensión en la que se han encontrado los acusados por la introducción de facturas de Gersul y Ecoembes que no figuraban en el auto de transformación de procedimiento abreviado. Defendió además que el sistema de reparto de la publicidad institucional de la Diputación «podría ser mejor o peor», pero que en ningún caso el trato a con la empresa Madiva fue algo «especial». Argumentó también que el alcalde de Puebla de Lillo era en aquella época personal eventual de la institución provincial como coordinador del equipo de gobierno, pero que había personas cuyos puestos estaban vinculados directamente a las labores de gabinete de prensa. Finalmente, negó que su defendido fuera «mano derecha» de Carrasco y Martínez Barazón y recordó los problemas entre el Ayuntamiento de Puebla de Lillo y la Diputación a la hora de recibir unas obras en San Isidro o de construir la línea eléctrica que atraviesa el municipio hasta llegar a la estación de esquí. «No parece que se pueda decir que era su mano derecha», sentenció el letrado.
¿Declaración al final?
Mientras, la defensa de Alejandro de Pedro cargó contra la inclusión a última hora de documentos de la pieza principal de la Operación Púnica pese a que la propia fiscalía había dejado claro que el juicio se centraría «exclusivamente» en la Diputación de León. Es por eso que alegó que es imposible abarcar los 338 tomos que tiene la globalidad del expediente a la hora de poder llevar a cabo una «efectiva defensa» de los acusados. «Pedimos que viniera el señor Ignacio Granados y nos dijeron que no tenía nada que ver con esta pieza, pero resulta que ahora han incluido un correo electrónico suyo en la documentación», argumentó el letrado. Es por eso que solicitó que su defendido no declare hasta que se hayan presentado en el juicio todas las pruebas, algo a lo que se sumaron las demás defensas y a l o que no se opuso la fiscalía, aunque no será hasta el lunes cuando la sala se pronuncie sobre esta y las demás cuestiones previas.
Por su parte, las dos fiscales argumentaron que toda la documentación está en la nube y que por tanto ha podido ser consultada por las defensas. Además, echaron en falta que no se concretasen las consecuencias de la indefensión que denuncian y consideraron que solo durante el juicio se podrán conocer todas las pruebas y si las intervenciones telefónicas (cuya nulidad también solicitaban las defensas) estaban justificadas. «Parece que las defensas intentar que no entremos a juicio y abordemos los hechos», agregaron.