Serían en definitiva pliegos elaborados ‘a medida’ para que fueran estos empresarios los que fijasen las reglas del concurso y así garantizarse la adjudicación por parte de las administraciones impulsoras del contrato.
Pero hay más. El auto que sirvió para desencadenar hace hoy justo una semana la Operación Enredadera pedía a los agentes que buscasen en los domicilios y sedes empresariales «anotaciones contables o documentación bancaria relativa a transferencias, pagos o regalos hechos a responsables municipales o técnicos», según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
Cabe destacar que la lista incluye además la búsqueda de documentos que acrediten «haber realizado trabajos sin cobertura contractual para introducirse en distintos ayuntamientos (a los que sigue después la formalización a través de un procedimiento fraudulento de licitación)», siempre según el auto del juez.
En los ayuntamientos
De forma paralela, los agentes de la Udef recibieron orden de acometer registros en diferentes ayuntamientos de toda España. En este caso, el objetivo se era recabar la documentación sobre todos los contratos que hubieran firmado con la docena de empresas implicadas. En el centro de la trama, que se basaría en la comisión de presuntas irregularidades en la adjudicación de dispositivos de gestión de tráfico, se situarían la empresa Gespol –filial de Sacyr–, y los ya citados José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, dos de las cuatro personas que están ahora mismo en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Cabe recordar que la operación tenía como objetivo ratificar las conductas ilícitas que habrían llevado a cabo los responsables de la trama y que se habrían detectado a través del análisis de las conversaciones registradas en decenas de teléfonos pinchados.
Piezas separadas
De forma paralela, la investigación de la trama de los contratos de gestión de tráfico derivó en la apertura de una pieza separada por parte del Juzgado de Astorga, que se centraría fundamentalmente en obras vinculadas a la mejora de parques infantiles. También los empresarios Ulibarri y García estarían en el centro de esta trama. Están en libertad con cargos los alcaldes de Astorga y Villarejo de Órbigo, Arsenio García y Joaquín Llamas, y tres concejales de la capital maragata Pablo Peyuca, Manuel Ortiz y Javier Guzmán.Además, el Juzgado de Instrucción 1 de León investiga otra pieza separada, pero por ahora no se ha informado de los detalles de la misma. En todo caso, al menos el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León, José María López Benito, está llamado a declarar en septiembre como investigado.