Las medidas contra la sequía no calan en el campo de la provincia

Ni la borrasca Celia ni las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros parecen arreglar el problema de la sequía en el campo de León, aunque sí alivian en su cierta medida un campo en el que confluyen los problemas derivados de la escasez de lluvias pero también los de la escalada de costes de producción. El Gobierno aprobó este martes un real decreto-ley de apoyo a la agricultura frente a la «prolongada» sequía en el que han incluido cinco bloques de medidas urgentes de carácter fiscal, laboral, financiero e hidráulico, entre las que destaca la rebaja del 20% del IRPF a los agricultores, ayudas económicas y líneas de crédito.

Tal y como explicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las precipitaciones se han reducido con carácter general en torno al 40% respecto a las series históricas, y con especial incidencia en el Guadalquivir y el Guadiana que se sitúa en torno al 60%. Consecuentemente, son las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura las que mayor respaldo tienen en el nuevo decreto ley con medidas como la reducción de 35 a 20 en el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en estos territorios.

El ministro comparó la situación con el periodo de sequía que tuvo lugar entre 1991 y 1995 ya que en este caso la situación de sequía «estructura» afecta tanto de secano como de regadío. Si bien dio la bienvenida a las lluvias que está dejando Celia como las que puedan llegar, admite que no pueden corregir el déficit estructural y por ello justifica que, igual que se hizo en 2005, 2011 y 2017, el Gobierno toma medidas.

En concreto, indicó que los agricultores y ganaderos podrán acceder a una reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). Estiman que esta medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros. También aprobaron la exención de las cuotas IBI de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.

En materia laboral y de Seguridad Social, el real decreto-ley recoge medidas de liquidez, como aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual. En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.

Desde algunas organizaciones agrarias como Coag ya han mostrado su disconformidad con unas medidas «insuficientes» para afrontar la crisis actual y es que la bajada del IRPF puede suponer un balón de oxígeno pero no aplazar los pagos a la Seguridad Social pues «antes o después tienes que acabar pagando la deuda acumulada y los intereses de la misma».