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La libertad de expresión y sus límites infranqueables

La libertad de expresión y sus límites infranqueables

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L.N.C. | 03/04/2020 A A
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La libertad de expresión y sus límites infranqueables
Sociedad Es un derecho fundamental, pero a veces choca de frente con otros derechos que también hay que proteger, como muestran un sinfín de polémicos y mediáticos casos
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles y el pilar básico que garantiza la existencia y supervivencia de cualquier sistema democrático. Así, la Constitución Española garantiza que cualquiera pueda expresar libremente sus pensamientos y opiniones, sin poder estar estos sometidos en ningún caso a censura previa.

No obstante, la propia Constitución es también la encargada de establecer una serie de límites a este derecho fundamental tan importante en nuestra sociedad. Y es precisamente esta limitación a la libertad de expresión lo que da lugar a una difusa línea de separación entre este derecho y la comisión de delitos de diversa índole. A continuación se repasan algunos de ellos, a través de varios casos muy sonados y de la mano de expertos en la materia.

La libertad de expresión y el derecho al honor

Un claro ejemplo de esta limitación y de la frecuente complejidad para hacer encajar la libertad de expresión con otros derechos es el caso del torero Víctor Barrio, que falleció hace casi cuatro años a consecuencia de la cogida de un toro. Un profesor compartió en Facebook, en tono burlesco, su alegría por este hecho. Algo que, según la viuda del torero, lesiona el derecho al honor de su difunto marido y puede ser calificado como un delito de injurias.

El acusado ha sido absuelto en primera instancia, mientras que en otro proceso por los mismos hechos el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a una concejala por sus mensajes en redes sociales tras el fallecimiento del torero. La solución, como explica Kenari Orbe, abogado del despacho Kenari Orbe Abogados, ha de basarse en la “utilización de técnicas de ponderación constitucional”. Sin embargo, como vemos, la cuestión no es en absoluto sencilla.

La ofensa contra los sentimientos religiosos


El pasado mes de febrero, un Juzgado de lo Penal de Madrid absolvió al actor Willy Toledo de un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos en las redes sociales, argumentando que esos mensajes, por sí solos, no demuestran que exista delito.

Para explicarlo, el abogado penalista Gerson Vidal aclara que la existencia de delito “exige por parte del sujeto activo que actúe con el claro fin de ofender, de menoscabar los sentimientos religiosos de un grupo”. Y ahí radica precisamente el motivo de la absolución del actor, que explicó en el juicio oral que su intención no era ofender, sino mostrar su disconformidad y ejercer su derecho a la crítica y a la libertad de expresión. En este sentido, Vidal recuerda que “el hecho de que determinados grupos religiosos pudieran sentirse ofendidos no convierte la conducta en delito, si quien la realiza no tiene intención de ofender”.

El enaltecimiento del terrorismo


Otro caso que llama especialmente la atención: el Tribunal Constitucional anuló en marzo de este año la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba por enaltecimiento del terrorismo al cantante de rap César Strawberry. El alto tribunal se basa para absolver a Strawberry en la intencionalidad crítica dentro del terreno político y social que se percibe en los mensajes del rapero, que además se dirigen a personajes públicos y partidos políticos.

A este respecto, Vidal comenta que “estas discrepancias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lejos de ser algo anecdótico o puntual, son ya un ‘clásico’ en la historia judicial reciente de nuestro país, siendo este último órgano judicial mucho más sensible a la hora de valorar posibles vulneraciones de derechos fundamentales”. “De hecho - añade Vidal -, en la referida sentencia el Constitucional reprocha al Supremo que no ha tenido en cuenta el contexto y demás circunstancias en las que se vertieron los tuits en cuestión.”

Por su parte, Orbe opina que los criterios de interpretación para determinar los límites respectivos de todos estos derechos están “suficientemente establecidos, no solo en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, sino también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Por lo tanto, la aplicación estricta de toda la doctrina generada debería hacer posible resolver los distintos casos con criterios homogéneos ante situaciones similares.
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