La justa voz de los fiscales

Finiquitó un Gobierno el uno de junio de 2018 y ocho meses largos después un nuevo Ejecutivo, de Pedro Sánchez, convoca elecciones generales para el 28 de abril próximo. En aquel entonces, la secesión en Cataluña era ya el asunto más espinoso en la política nacional. La asunción de las competencias autonómicas de esta nacionalidad por el Gobierno de Mariano Rajoy, el 27 de octubre / 2017, supuso la sustitución de los altos cargos de la Generalidad, pero en ningún caso de su estructura de poder, antes bien, la propaganda y desafío independentistas se acentuaron, y no digamos una vez celebrados en aquel territorio nuevos comicios autonómicos dos meses después (21 de diciembre).

La vulneración constitucional ha conllevado la prisión provisional para cualificados representantes de la Generalidad y del Parlamento catalanes, los cuales ahora aparecen sentados en el banquillo (menos aquellos que se fugaron y que provocaron la reclusión de sus compañeros). El juez Llarena, pese a las acometidas contra su persona y familia, cuando no el desamparo, ha instruido la causa con gran competencia, y una irreductible voluntad de imparcialidad y sometimiento a nuestras leyes. Nunca, pienso, podremos reconocer, suficientemente, el gran servicio prestado a la nación por este noble ciudadano.

Llega ahora, en suma, la hora de la verdad, es decir, de que los secesionistas respondan de sus actos. No viene faltando, para ellos, un trato deferente, que no consta se haya aplicado a otros presos, desde el cuñado del rey a varios condenados de partidos políticos, como el cuidado de su imagen en el traslado, acceso a la Sala y fuera de ella, la manutención durante el juicio, la permisividad ante la exhibición de los simbólicos lazos amarillos… Están tales gracias justificadas, para no dejar resquicio alguno a un victimismo infundado.

En estos momentos, la fortaleza de nuestra democracia descansa, pues, en la independencia del tercer poder del Estado: el juez Llarena, el Tribunal Supremo –su presidente, señor Marchena, y otros seis magistrados–, y los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Dado que están accesibles las intervenciones de los dos representantes del Ministerio Público, merece la pena el dedicar un rato, aunque seamos legos en Derecho, a escucharlas. Nos congratularemos de su alta profesionalidad, y de un propósito didáctico para hacerse entender con un doble lenguaje: el puramente judicial y el asequible para todos nosotros; un afán que no carece de relevancia, también, para los periodistas de casa y extranjeros.

Gratifica seguir las exposiciones ordenadas, profundas, de estos dos fiscales, cuando, sin detallarlos, ya de primeras, nos hacen recordar los hechos concretos que han supuesto un desafío a la convivencia constitucional; y un desprecio por los derechos de aquellos, fundamentalmente ciudadanos catalanes, que no comulgan con la fractura de la nación. Sin menoscabo de su empeño por clarificar, contrarrestar, el ‘mantra’ de algunos abogados defensores, y el abuso propagandista por parte del independentismo para obviar los actos delictivos, y difundir una idea malévola de nuestra nación, ¡y con qué argucias y medios!

Uno saca la conclusión, no sabe si aventurada, de que los señores Zaragoza y Cadena, además de ratificar la instrucción del juez Llarena en todos sus términos, incluido el delito de rebelión, han dejado, en su primera intervención del miércoles un ‘recetario’ para los políticos y un recordatorio para la ciudadanía de cuáles son los principios garantes de esta democracia nuestra, considerada como una de las primeras del mundo. Dos de entre sus argumentos han despertado, en mayor medida, nuestro interés: los relativos a quién es el sujeto soberano y qué principios guían al Tribunal Supremo.

En cuanto a la soberanía, declaran algo evidente: los depositarios de la misma son todos los españoles, y no una parte de ellos, es decir, que «Segovia no es de los segovianos», ni Gerona de los gerundenses, etc. Más que oportuna es esta consideración pues no faltan políticos que argumentan, o barajan, para salir del paso, que la independencia del Principado ahora no es posible, pero estaría justificada con un 51 %, o más, de catalanes, a favor de la misma. Lo que parece una invitación a que partidos independentistas sigan sirviéndose del poder delegado para inocular, aún más, una incesante aversión hacia el resto de España (el ‘sueño’ último de Junqueras); cuando lo que procedería es detallar las medidas necesarias, inmediatas y de largo alcance, para evitarlo.

El fiscal Zaragoza, en su intervención del miércoles manifestó lo siguiente: «Este Tribunal impartirá justicia con absoluta imparcialidad, total independencia, al margen de lo que se diga, se haga o se informe extramuros de esta sala de justicia, y lo hará cumpliendo escrupulosamente las garantías de los acusados». Algo así como un aviso a navegantes: no habrá intromisión alguna, ni mendaz propaganda, aun menos las advertencias de recurso ante tribunales europeos, que intimiden o desvíen el recto proceder para un veredicto justo por parte de los siete magistrados. Así será, como ya se ha demostrado ante intentos vanos, de suerte que nuestra Constitución será salvaguardada, y con ella los derechos del pueblo soberano.