"La Guardia Civil a día de hoy se está convirtiendo en una policía ‘low cost’"

La situación actual en la que desarrollan su trabajo los guardias civiles –que hacen extensible a toda la función pública–, sus dificultades, propuestas de mejora e iniciativas para el futuro es el motivo que citó a mediados del pasdo mes de diciembre en León al secretario general de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Ernesto Vilariño, y al presidente autonómico de Csif, Benjamín Castro, que también hablaron de lo que ha supuesto el acuerdo suscrito en enero de 2021 entre ambas organizaciones y Jupol, cuestiones todas ellas que expusieron de forma más extensa en esta entrevista.

–En su visita a León han recordado la firma de un acuerdo hace un año, en enero de 2021, entre Jucil, Csif y Jupol. ¿Qué resultados ha traído?
–Benjamín Castro. Desde luego ha sido fructífero. Ha supuesto aglutinar a cientos de miles de empleados públicos, millones a nivel nacional y para nosotros como Csif, como sindicato más representativo dentro de la función pública a nivel nacional, esto nos ha supuesto vertebrar aún más. Al final a lo que nos dedicamos los empleados públicos no es ni más ni menos que a ejecutar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y por eso es muy importante tener esa permeabilidad y llegar a todos. Unidos somos más y juntar Csif con Jucil y Jupol, que son dos grandes, que son la Asociación Profesional de la Guardia Civil y el sindicato policial, te da una fortaleza de cara a la otra parte de la mesa que es a la que le toca administrar lo público, nuestros políticos, y permite hacerles llegar el mensaje con mayor claridad y con toda la información que nos dan nuestros afiliados, nuestros delegados. Esto desde luego nos facilita el trabajo y nos da la posibilidad de negociar mejor. Otra cosa es ya lo que puedas llegar a conseguir.

–¿Los resultados no están siendo los esperados?
– Benjamín Castro. No será por lo que lo hemos intentado. Como ejemplo, el pasado 24 de septiembre salimos a la calle alrededor de 80.000 personas en Madrid y ahí estuvimos los tres para decir al Gobierno que basta ya y que hable con los empleados públicos, con sus representantes, porque al final son los que despliegan los servicios públicos y es importante que los tenga en cuenta, y más con las condiciones laborales y salariales que tienen. Logramos que se sentaran con nosotros, pero es verdad que después CCOO y UGT le han regalado al Gobierno un cheque en blanco y han firmado un acuerdo que supone una merma salarial. ¿Y por qué digo merma salarial? Porque ese acuerdo en toda su amplitud trianual no llega a cubrir ni siquiera la pérdida de poder adquisitivo de este año, pero es que si a ello sumamos lo de años atrás, desde 2010 estamos hablando de entre un 15 y un 20 por ciento de pérdida de poder adquisitivo, que es una auténtica barbaridad. El Gobierno de España el año que viene no tendrá la obligación de negociar, pero desde luego nosotros no nos cansaremos y las veces que sea necesario saldremos a la calle a reivindicar lo que es justo y lo que es nuestro.

– Han dicho que se están «quedando solos» y que es el Gobierno central el que está mirando para otro lado. ¿Qué falla en este diálogo?
– Benjamín Castro. Nosotros lo que esperamos es que atienda. El Gobierno está para administrar y para gestionar lo público y yo entiendo que no sea fácil porque los presupuestos son finitos, pero el dinero hay que invertirlo donde es necesario para los ciudadanos a los que el Gobierno representa y los servicios públicos son esenciales. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de algo esencial. Uno de los pilares básicos es la integridad física de una persona y a eso es a lo que se dedica la Guardia Civil. Las diferencias salariales son muy grandes, de entre 400, 500, 600 o 700 euros menos en comparación con otras comunidades autónomas y eso no es normal, no es de recibo. No se puede cuadrar el círculo de forma tan fácil, porque el papel lo aguanta todo. Puedes inventar nuevos sistemas, nuevos servicios de los que tú dices dotar a la ciudadanía y al político le encanta hacerse fotos anunciándolo, pero estos nuevos servicios hay que dotarlos de personal, formarlos, que sus condiciones laborales sean las mejores... y todo eso hay que negociarlo. La negociación colectiva es básica y en eso es en lo que estamos.

–Han hecho referencia a esa pérdida salarial del 15% desde el año 2010, a esas diferencias entre comunidades... Desde Jucil han apostado siempre por la equiparación salarial, ¿cómo se pueden limar esas diferencias de forma más simple?
– Ernesto Vilariño. Entre un funcionario de la Guardia Civil en Castilla y León y otro que preste sus servicios en Cataluña o en el País Vasco estamos hablando, de media, de una diferencia de salarios de 700 euros al mes que se agrava en el caso de las jubilaciones y que se puede extrapolar, además, a cualquier funcionariado público. Esta diferencia salarial es muy grande y la propia Constitución nos dice que no debe haber diferencia entre ciudadanos. De manea continua y reiterada se está incumpliendo la Constitución y no solo en esto. Además de la diferencia salarial que hay entre cuerpos policiales y funcionarios de la función pública tenemos que hablar de los medios personales y materiales. La función pública difícilmente puede hacer su trabajo y dar el servicio que requiere la sociedad sin medios. En el caso de la Guardia Civil hace falta personal y hacen falta medios porque los que hay en muchos casos son antiguos o han superado su vida útil. Tenemos vehículos, por ejemplo, con más de 700.000 kilómetros y eso es una barbaridad. Se han creado también equipos como los Viogen para atender los casos de violencia machista o los @ para delitos informáticos que son necesarios para hacer frente a estos nuevos modelos de delincuencia, pero es que sus integrantes se están restando de los puestos de la Guardia Civil y si restamos efectivos, se quita o resta eficacia. No podemos dar un servicio a la sociedad si no disponemos de personal y de medios. A nosotros se nos requiere para prestar un servicio y se están dando casos en los que la patrulla tarda una hora en llegar y entendemos que ese tiempo de respuesta no es razonable. A mí me gustaría hacerle una pregunta al ciudadano: ¿Está contento con los servicios que le presta el funcionariado? Invito a la sociedad a hacer una reflexión sobre si los servicios públicos son los que quiere o no y si no lo son, que piensen a quién tienen que reclamar. La sociedad tiene que empezar a ver que los problemas de la función pública son sus problemas.

–Hacen ese llamamiento a la ciudadanía. ¿Consideran que existe una falta de apoyo también a nivel social?
– Ernesto Vilariño. La ciudadanía yo creo que está engañada. No empatiza con el funcionariado porque tiene una imagen que es la que se han encargado de vender muy bien las distintas administraciones de que tiene una posición cómoda, pero nosotros también tenemos hijos que van al colegio, también nos ponemos enfermos, también tenemos problemas y tenemos que llamar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, también pagamos impuestos... A nosotros llegar a sitios tarde o no poder dar una atención de calidad a los ciudadanos no nos gusta y muchas veces tenemos que pedir perdón cuando no somos los responsables. Llevamos tiempo solicitando medios y la administración no escucha.

–Benjamín Castro. El ciudadano tiene que entender que cuando piensa en la administración pública tiene que pensar en sus necesidades diarias. Tiene que entender que es el Gobierno el que no está haciendo sus deberes y está incumpliendo su obligación, porque una de esas obligaciones es la negociación colectiva, que es importante y que eso les afecta. Al político le encanta la propaganda, pero si hablamos de reorganizaciones tenemos que hablar de dinero y de plantillas, porque lo de hacer más con menos es una frase que se repite mucho, pero que los administradores, los políticos, no han entendido como una forma de mejorar la gestión, sino de otra manera. Con el mismo personal o con menos, a poder ser, quieren hacer más y eso es literalmente imposible.

– Ha citado las reorganizaciones. Estas son, precisamente, otra de las apuestas de Jucil para mejorar el funcionamiento del servicio que presta la Guardia Civil. ¿En qué consiste su propuesta?
– Ernesto Vilariño. Así es. Llevamos tiempo solicitando a la dirección general una reorganización de las plantillas de la Guardia Civil y quizá en Castilla y León esto se hace más urgente. A la administración, a los políticos, se les llena la boca con la España Vaciada, pero no están poniendo ninguna medida. Abogamos por una reestructuración que consistiría en la reagrupación de unidades. En Castilla y León hay 200 unidades fantasma que no son operativas porque o no pueden abrir o abren unas horas o abren unos días y no están dando servicio a la población. Esto se traduce en inseguridad en la zona. La demarcación geográfica que cubre la Guardia Civil en Castilla y León es bastante extensa, cubre el 90 por ciento del territorio. En Castilla y León hay destinados 7.676 agentes y según el catálogo de trabajo quedarían por cubrir 713 vacantes, pero es que nosotros estimamos que harían falta otros 1.200 más. Por eso lo más lógico es coger las unidades inoperativas y unirlas en grandes unidades cabeceras de comarca o como la administración mejor entienda para dar ese servicio que reclama la sociedad. Pero si hablamos de reestructuración y no estamos escuchando a quien está dando ideas o planteando formas de hacerlo, seguimos igual.

– Con la supresión de esas ‘unidades fantasma’ y su reagrupación y teniendo en cuenta que antes se refirieron a que el tiempo de respuesta, de reacción, era excesivamente elevado. ¿Cómo se resolvería este problema con menos unidades aunque de mayor tamaño?
–Ernesto Vilariño. Si tienes un puesto grande como puede ser el de Benavente, por ejemplo, en el que pongamos que hay 60 guardias civiles y que así podría pasar de 60 a 120, 140 o 200 efectivos significa que tienes personal más que suficiente para sacar las 24 horas del día los 365 días del año, que es para lo que estamos. No podemos olvidar que la Guardia Civil y la Policía Nacional están para dar seguridad al a ciudadanía y difícilmente podemos dar seguridad si tenemos los puestos cerrados. Con esto se busca que sean unidades más grandes y que las patrullas estén en movimiento. Ahora puedes viajar de León hasta Málaga, atravesar España, y no cruzarte con una patrulla de la agrupación de Tráfico Guardia Civil. Y no hablamos de cien kilómetros ni cinco. ¿Qué sensación de seguridad da esto? La España Vaciada de Castilla y León es de las zonas más inseguras.

–En la rueda de prensa que ofrecieron en León aseguraron que esta es una de las provincias en las que la Guardia Civil está mejor dotada a nivel de personal, pero que muchos de estos puestos son administrativos. ¿Aquí las necesidades son diferentes?
–Ernesto Vilariño. En León también se necesitan más efectivos. Los medios personales son necesarios porque podemos tener los mejores medios materiales, la mejor formación, pero si no hay efectivos esto no vale de nada. A la población le puede agradar tener un puesto de la Guardia Civil, ¿pero qué pasa si no lo abro o lo abro unas horas? Las emergencias no saben de horarios y si estas son pequeñas igual no importa esperar, ¿pero si se está ahogando un niño en un río? ¿Una hora es un tiempo de reacción asumible por una policía que dicen que es del siglo XXI? La Guardia Civil a día de hoy, con las condiciones laborales que tiene, con las condiciones económicas que tiene y con los medios materiales que tiene se está convirtiendo en una policía ‘low cost’, de bajo precio. Y la Policía Nacional está en la misma situación. La única diferencia es que la Policía Nacional está en núcleos más grandes, pero la falta de personal y la falta de medios es exactamente la misma. Pero es que esto se puede extrapolar, además, a cualquier parte de la función pública. Médicos, profesores, Justicia… La sociedad tiene que empezar a interiorizar que la función pública es necesaria y hay que cuidarla, porque si no la cuidas no vas a tener los servicios que estás demandando y pagando.

Benjamín Castro. Hay una mala gestión. No se está invirtiendo el dinero –y digo invertir, no gastar– donde hay que invertirlo y los servicios públicos son claves.