La sentencia de 16 de abril responde así al recurso presentado por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, que revoca de esta forma el acuerdo del pleno del 25 de octubre de 2017 donde se daba luz verde al proyecto por el cual el servicio se podría prestar mediante un contrato con empresas privadas y obliga a tener que incorporar funcionarios para desempeñar esta función, por lo que será necesario incrementar el coste anual previsto.
Ahí está precisamente la clave del cambio de paradigma, puesto que el juez considera que es «ciertamente imposible y, sobre todo, carente de soporte legal» que se pueda prestar este servicio con personal que no sea funcionario teniendo en cuenta que no ve factible que trabajadores contratados por las compañías privadas puedan ejercer con la autoridad necesaria para ciertas intervenciones, como las que requiere un bombero en un incendio.
La idea de la Diputación es por tanto reformular al completo el sistema. Para ello, Marcelo Alonso anuncia que «en breve se contratará un proyecto a una empresa especializada» para que elabore un plan detallado de cómo organizar el nuevo Sepeis, donde esté contemplado tanto el personal necesario como los parques comarcales que lo integren.
Hay que recordar que hasta el momento se había establecido la construcción de tres parques de referencia en Villablino, Cistierna y Celada de la Vega, mientras que los de nivel 1 estarán situados en Bembibre, La Pola de Gordón y Valencia de Don Juan. Todos ellos contarían con los de León y Ponferrada como puntos principales de la red, que se verían reforzados.
Pero uno de los puntos que también han lastrado el desarrollo del Sepeis es que solo el parque de Villablino está en obras, ya que los demás proyectos quedaron desiertos cuando se sacaron a licitación, por lo que Alonso confirma que también se tendrán que formular de nuevo para que las empresas constructoras muestren interés en su ejecución. El coste total de todos los parques ascendía a 3,4 millones de euros.
El diputado del Sepeis y Protección Civil recuerda que el mantenimiento anual del servicio iba a ser de 3,5 millones, de ahí que estime que se tendrá que doblar con un sistema en el que haya funcionarios y por tanto gestión pública al completo en lugar de empresas privadas. «Se trata de que sea sostenible», agrega Alonso, que resalta que «la Junta de Castilla y León no ayuda». «Inicialmente no va a financiarlos, ni siquiera el coste inicial, que era lo que pretendíamos», expone el diputado provincial, que destaca que el objetivo es «dar un servicio de calidad».
Ante la ausencia de financiación y el incremento de coste no se descarta que algunos parques tengan que ser construidos más adelante, puesto que se pretende que no se vean afectados los planes provinciales, aunque aún no hay nada definitivo hasta que no se tenga el estudio, que se espera que pueda estar en un plazo no superior a un mes.
Marcelo Alonso, que no duda «de la buena fe» del equipo de gobierno anterior de la Diputación, comandado por el popular Juan Martínez Majo, apunta que «no se recurrirá la sentencia» puesto que PSOE y UPL están totalmente de acuerdo en que la gestión sea pública.
IU y CSIF celebran que se evite la privatización con gestión pública
Tanto IU León como CSIF consideran que esta sentencia es una buena noticia para evitar que se privatice la gestión del servicio de Bomberos de la provincia y se asegure así la gestión pública. Según explican desde el sindicato, «las funciones que se desarrollarían por el personal conllevan necesariamente el ejercicio de funciones de autoridad, por deber intervenir sobre personas y bienes privados en orden a garantizar su seguridad, realizando acciones que en muchas ocasiones implican el uso de la fuerza y entrada en domicilios», aunque advierten del retraso que este cambio supondrá. Mientras, la portavoz provincial de IU, Inés Diago, asegura que «lo más descorazonador de todo es la pérdida de tiempo y la falta un año más de un servicio básico para las zonas rurales, que podría haber sido rectificado a tiempo por el anterior equipo de gobierno del PP si hubiera escuchado a la oposición y a la sociedad, o replanteado ya hace un año tras la toma de posesión del equipo PSOE-UPL».