De hecho, los funcionarios citados han ido más allá y han defendido la transparencia de los procedimientos en los que los tomaron parte, a veces, por mandato de la propia Carrasco.
La oposición no fue el único asunto sobre el que manifestó su preocupación la víctima. La jefa del servicio de nóminas de la Diputación también ha reconocido que la entonces presidenta de la institución provincial le solicitó, una vez ya practicada la liquidación a Triana, un informe sobre la situación de compatibilidad de la ingeniera.
Hay que recordar que Triana estuvo cobrando un 30% más del complemento específico durante alrededor de cuatro años, por lo que habría percibido cerca de 11.000 euros de más por su trabajo en la Diputación. Sin embargo, el proceso judicial contra ella no ha servido para que la Diputación recupere cantidad alguna de esa suma.
Por otra parte, este miércoles Triana volverá a ser la protagonista de la sesión que se celebrará en un turno único con otros seis testigo de la Diputación entre funcionarios y diputados.
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