84 preguntas, nueve votos y una verdad

Llega la hora de la verdad. La verdad del jurado. Hasta este miércoles, su labor era escuchar, y así lo han hecho con gran pulcritud e incluso tomando notas en momentos puntuales. Ahora les ha llegado el momento de debatir. Tienen que decidir si consideran probado que la muerte de Isabel Carrasco se produjo de forma intencionada y con alevosía (por sorpresa y por la espalda sin que la víctima pudiera defenderse), lo que constituye un delito de asesinato. Si fue atentado a la autoridad en el sentido de si se la dio muerte por su cargo como presidenta de la Diputación. Si el revólver –que pasó por las manos de las tres acusadas– y la pistola hallada en el registro al domicilio de Triana Martínez, ambos con el número de serie punzonado o borrado, las convierte en autoras de un delito de tenencia ilícita de armas pues no poseían la licencia y guía de pertenencia oportunas. Y si, sólo en el caso de la acusada Raquel Gago y en el supuesto de que no fuera declarada culpable de asesinato y atentado, el haber ocultado al arma del crimen constituye un delito de encubrimiento.

La responsabilidad es mayúscula. Los nueve jueces lego tienen en sus manos el futuro de las tres acusadas. Un futuro, no obstante, que se habrían labrado ellas mismas.

Minutos antes de la una de la tarde de este miércoles comenzaba la deliberación en la sala habilitada para tal efecto y sin que puedan comunicarse con persona alguna ajena al tribunal del jurado hasta que no se alcance el veredicto. Sobre la mesa tendrán que poner las distintas cuestiones que se les plantean en el objeto del veredicto que ayer les entregaba el magistrado presidente. 84 preguntas sobre los hechos que deberán determinar como probados o no probados, favorables o desfavorables para las acusadas. Todo ello, de acuerdo a lo visto y oído en el juicio.

Esto supone que tendrán que tratar de desenmarañar todo lo que se ha visto en sala pues los letrados de las distintas partes, así como el Ministerio Fiscal, han presentado versiones muy dispares con mayor o menor habilidad, e incluso con mayor o menor acierto, pues en los alegatos finales se lanzaron excesivos juicios de valor (o más bien de desprestigio) por parte de alguno de los abogados.

Los nueve miembros del jurado tienen voz y voto. No así los dos suplentes que sí que tendrán que estar presentes, pero sólo como meros observadores. Su participación es imprescindible para estar al corriente de todo los debatido en el caso de que se vean obligados a ejercer esa condición de sustitutos de alguno de los miembros.
Ayer, el magistrado presidente del tribunal, Carlos Javier Álvarez Fernández, constituía la sesión, en audiencia pública e incluso con público (entre el cual, por cierto, Montserrat González vio un rostro conocido que le hizo sonreír con simpatía al recibir el saludo de entre los bancos), para ofrecer las pertinentes instrucciones al jurado tras una hora de reunión a puerta cerrada con los representantes del Ministerio Fiscal y las partes en la que quedaron cerradas las 84 preguntas que constituyen el objeto del veredicto.

La votación

Los miembros del jurado tendrán que emitir su voto tras la deliberación, en voz alta y por orden alfabético, a los asuntos recogidos en el objeto de veredicto sin poder abstenerse de esta responsabilidad. En el caso de que alguno de los miembros se niegue, le será comunicado al magistrado y podrá ser sancionado con una multa de 450 euros. Si aun advertido decide no emitir su voto, podría incurrir en una posible responsabilidad penal sancionada con una multa de entre 601 euros y 3.000 euros.

Además, el presidente del tribunal ha explicado este miércoles en sala que esta decisión resulta «inútil e ilógica» porque será entendido como un voto favorable al acusado.

Dice la ley que ninguno de los jurados, una vez concluida su función, podrá revelar lo que en ella se ha manifestado, opinado o votado. Será algo que quede, o debería quedar, para siempre entre ellos.