La asociación StopAbolición, compuesta por trabajadoras sexuales, empresarios del sector, publicistas y otros profesionales relacionados con el ámbito del sexo de pago, ha expresado su rechazo a la proposición no de ley presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados, que insta al Gobierno a “regularizar de forma extraordinaria a las mujeres en situación de prostitución, trata o explotación sexual”.
Una medida populista, simplista y sin haber dado voz
El colectivo sostiene que la propuesta “responde a un cortoplacismo político de carácter superficial” y que “no resolverá las demandas ni las necesidades reales de las trabajadoras sexuales”. Además, critica la exclusión de hombres y de personas no binarias o en proceso de transición, calificándola como “una incoherencia con las políticas de igualdad defendidas por Unidas Podemos”.
Crítica al enfoque abolicionista
StopAbolición argumenta que la proposición se basa en una premisa errónea y alejada de los datos oficiales, al asumir que la trata está “indisolublemente unida a la prostitución”, una relación que —según sostienen— no cuenta con respaldo estadístico. En este sentido, recuerdan que, de acuerdo con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2024 se identificaron 376 víctimas de explotación sexual en operaciones policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció judicialmente solo nueve víctimas al concluir los procedimientos.
“En el texto presentado se percibe un marco abolicionista y un pensamiento criminalizador hacia el trabajo sexual”, subrayan desde la asociación.
La legislación ya contempla los delitos de trata y explotación
La organización recuerda que el Código Penal español ya tipifica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (artículo 177 bis) y el lucro delictivo de terceros (artículo 187.1). Por ello, consideran innecesaria una medida “excepcional” como la propuesta por Podemos.
Asimismo, citan a organismos internacionales como CEDAW y el grupo GRETA, que recomiendan reforzar la lucha contra la trata y la explotación laboral fuera del ámbito de la prostitución, un aspecto que —según StopAbolición— suele quedar relegado.
El colectivo también muestra su preocupación ante la posibilidad de que las ONG o las administraciones sean las encargadas de acreditar la condición de víctima de trata, lo que, a su juicio, “abre la puerta a la pérdida de garantías y a la arbitrariedad”, al dejar dicha responsabilidad en manos de entidades privadas susceptibles de tener conflictos de interés.
Dudas sobre la gestión de fondos y programas
StopAbolición cuestiona además la eficacia del Plan Camino, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y pide transparencia sobre el uso de los recursos destinados a programas para mujeres en contextos de prostitución.
La asociación señala que “organizaciones como Médicos del Mundo España recibieron más de 48 millones de euros en 2024, sin que se conozca cuántas mujeres han sido realmente beneficiadas o de qué manera”, denunciando la existencia de “una industria del rescate con escasa rendición de cuentas”.
Reivindicación de derechos
Finalmente, el colectivo reclama que las trabajadoras sexuales sean escuchadas y participen activamente en los debates legislativos sobre prostitución. “No somos víctimas ni objetos de tutela. Exigimos la despenalización de nuestra actividad y el reconocimiento de nuestros derechos básicos, como cualquier otro trabajador o ciudadano”, concluye el comunicado.