En un contexto marcado por la transformación tecnológica, los cambios sociales y los desafíos en la Administración de Justicia, el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez Revilla, analiza en esta entrevista el presente y el futuro de la profesión. Desde las condiciones del turno de oficio hasta la digitalización del sector.
-¿Qué significa liderar el Colegio en un contexto jurídico cambiante?
-A día de hoy, significa asumir nuevos retos y proyectos. Pero, sobre todo, implica enfrentarse a desafíos y responsabilidades que probablemente en otros tiempos no existían o no eran tan complejos como lo son ahora. Vivimos en una sociedad en constante cambio a nivel tecnológico, territorial y social, lo que hace que estos retos sean cada vez mayores. En este contexto, resulta fundamental asumirlos con determinación y contribuir a la protección y fortalecimiento de la profesión.
-¿Cuáles son las principales prioridades de su mandato?
-Mi prioridad es dotar a la abogacía de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar la actividad profesional en toda la provincia de León, con independencia del lugar de residencia. Asimismo, resulta fundamental mejorar las condiciones de la abogacía del turno de oficio, tanto en materia de retribuciones como en la prestación de servicios que, a día de hoy, en muchos casos se realizan sin la correspondiente compensación.
-Habla del turno de oficio, ¿en qué situación se encuentra?
-La situación es similar a la de años anteriores; en cierto modo, seguimos en el mismo punto. No obstante, tras mucho tiempo, ya se está estudiando una nueva revisión del baremo y una nueva ley de justicia gratuita. Confiamos en que estas medidas conlleven una mejora sustancial de las retribuciones.
-¿Qué balance hace de la situación actual de la abogacía en León?
-Contamos con una abogacía sólida y altamente cualificada que, desde la pandemia de la COVID-19, se ha adaptado, como el resto de colectivos profesionales, a las nuevas tecnologías. No obstante, en muchas ocasiones se enfrenta a administraciones que no han avanzado al mismo ritmo en su transformación digital. En definitiva, se trata de una abogacía fuerte, moderna y cada vez más especializada.
-¿Existe preocupación por la precarización o saturación en el sector?
-Es verdad que el mercado está saturado de profesionales, no nos engañemos. Venimos de épocas en las que, en todas las ciudades con facultad de Derecho, había centenares y centenares de abogados. En una provincia como la nuestra, con muy poco tejido industrial, lo cierto es que existe un exceso de profesionales en relación con los potenciales clientes que puede haber. Y eso se nota.
-¿Es una profesión bien valorada por la sociedad?
-La abogacía está bien valorada socialmente. De hecho, existen indicadores como los estándares de satisfacción o el NPS que reflejan un buen nivel de reconocimiento por parte de la ciudadanía. Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia gratuita. No obstante, creo que, como ocurre con otras profesiones liberales, actualmente existe una cierta desvalorización. Venimos de épocas en las que estas profesiones contaban con una mayor protección o consideración social, algo que hoy ya no sucede en la misma medida. En todo caso, considero que esta situación no afecta únicamente a la abogacía, sino que responde a una pérdida de valores más general en la sociedad.
-¿Cómo valora el funcionamiento de la Administración de Justicia en León?
-En estos momentos, tras la entrada en vigor de la normativa sobre eficiencia procesal, la situación es claramente problemática, desastrosa. Se trata de una situación muy compleja que está siendo paliada, en la medida de lo posible, por todos los profesionales que integran la Administración de Justicia: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y funcionarios, que están trabajando de forma coordinada para mitigar sus efectos. En consecuencia, el funcionamiento de la Administración de Justicia atraviesa actualmente serias dificultades.
-Es, además, una Administración que suele calificarse como lenta...
-La lentitud está directamente relacionada con varios factores. Es cierto que en la actualidad se está incrementando la inversión tecnológica, pero existe una insuficiencia real de personal en la Administración de Justicia. Si no hay personal suficiente, difícilmente se puede dar respuesta a las necesidades existentes. En este sentido, considero que hay una falta clara, incluso estructural, de personal en la Administración de Justicia.
-¿Qué medidas deberían adoptarse?
-Venimos de una etapa en la que otras Administraciones, como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Tesorería, realizaron importantes inversiones tecnológicas, mientras que la Administración de Justicia se ha incorporado mucho más tarde, con un retraso de 25 años. Aunque las herramientas actuales son útiles, este desfase se ve agravado por una formación insuficiente del personal para adaptarse a ellas. La incorporación de tecnología no implica una menor necesidad de recursos humanos; al contrario, sigue siendo imprescindible contar con personal suficiente para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
-¿Cuál es el valor de colegiarse?
-En primer lugar, formar parte de un colectivo y de un colegio que protege los intereses de la abogacía. En segundo lugar, en aquellas profesiones en las que no existe colegiación obligatoria, se percibe en muchos casos una situación de mayor desprotección. Esa desprotección puede derivar, además, en problemas como el intrusismo profesional. Además, en los ámbitos donde no existe un código deontológico claro, se genera con frecuencia una falta de control que afecta al correcto ejercicio de la profesión.