La rehabilitación de viviendas y edificios es, hoy en día, uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Nuestro parque residencial envejece a pasos agigantados, la factura energética crece y la necesidad de espacios más confortables, accesibles y sostenibles ya no admite demoras. Pero rehabilitar no es solo pintar una fachada o sustituir unas ventanas: es transformar nuestros hogares para que sean más seguros, eficientes y habitables, y hacerlo de manera responsable exige contar con profesionales cualificados, documentación técnica adecuada, y el respaldo legal que garantice la calidad de lo ejecutado.
En España apenas se rehabilitan 27.000 viviendas al año, una cifra irrisoria si la comparamos con los más de diez millones de viviendas que alcanzarán entre 60 y 90 años de antigüedad en la próxima década. Además, la rehabilitación no es solo una forma de mejorar lo que ya existe, sino una oportunidad para ampliar la oferta de vivienda asequible. Muchas de las casas vacías o en desuso podrían ponerse en valor si se acometieran intervenciones serias, pero el coste, la complejidad de los trámites, o la falta de consenso en las comunidades de vecinos, siguen frenando este proceso.
En Castilla y León, la situación es especialmente preocupante. En el territorio nacional empieza a consolidarse una cierta cultura de la rehabilitación, pero en nuestra Comunidad no existe una tendencia clara al alza; al contrario, los datos del primer semestre de 2025 muestran un descenso en la superficie visada para gran rehabilitación, un retroceso que se nota sobre todo en el ámbito residencial. Esto refleja una realidad: aunque los ciudadanos manifiestan interés por mejorar sus viviendas, todavía no hemos logrado convertir esa intención en proyectos concretos que se traduzcan en obras. Aquí, arquitectos y administraciones tenemos la responsabilidad de transmitir el valor de la rehabilitación y de demostrar que cada euro invertido en mejorar un edificio no es un gasto, sino una inversión en bienestar, ahorro y futuro. Acceder a las ayudas públicas que los diferentes entes convocan exige disponer de un documento técnico que evalúe y certifique, tanto el estado previo, como las mejoras proyectadas. El arquitecto, con su visión integral y su formación técnica en gestión y planificación permite abrir esa puerta, traduciendo en cifras concretas lo que de otro modo queda en buenas intenciones, pero también es fundamental la implicación de estas administraciones en la agilización y simplificación de los trámites para que el ciudadano los vea como una posibilidad real, y no como un galimatías inabarcable.
La accesibilidad es otro de los grandes capítulos pendientes. La instalación de ascensores en comunidades que todavía no los tienen, la adaptación de portales y accesos, y la eliminación de barreras arquitectónicas, también en los espacios exteriores, son actuaciones que transforman el entorno urbano y mejoran la calidad de vida. Incorporarlas en las rehabilitaciones no solo incrementa el valor patrimonial, también asegura que podamos seguir viviendo en nuestras casas y ciudades con dignidad, independientemente de la edad o las circunstancias personales de cada ciudadano; vivimos en una sociedad plural e igualitaria, y los espacios donde nos movemos deben reflejarlo.
En los últimos meses hemos visto además cómo la rehabilitación se convierte en una necesidad inmediata cuando la desgracia golpea. Los recientes incendios en distintas zonas de León, El Bierzo, Palencia, Salamanca y Zamora, dejaron viviendas afectadas que requieren intervenciones de urgencia. Para responder a esta situación, en el Colegio Oficial de Arquitectos de León hemos creado el Fondo de Emergencias COAL, destinado a cubrir los gastos administrativos y de visado de proyectos de demolición, reforma, rehabilitación o reconstrucción de las edificaciones dañadas. Es una medida modesta, pero ejemplifica la importancia de contar con respaldo técnico desde el primer momento: sin proyectos ni licencias, las reconstrucciones improvisadas acaban siendo más costosas, más inseguras y menos duraderas.
La conclusión es clara: rehabilitar responsablemente es una tarea que no podemos seguir posponiendo. No se trata solo de embellecer, sino de anticiparse a problemas futuros. Rehabilitar bien significa ganar seguridad, confort y valor patrimonial, y hacerlo con arquitectos al frente es la mejor forma de asegurar que cada paso del proceso se realice con rigor, visión y compromiso.
Los arquitectos no sólo diseñamos, analizamos y planificamos, asegurando que cada decisión responde a la normativa y las necesidades del edificio en su conjunto, incluyendo las de sus habitantes. Contar con un técnico cualificado no es un lujo, sino una garantía: su intervención implica seguridad en la tramitación de los permisos legales, estar en disposición de la documentación mínima que marca la ley, y dar seguridad jurídica y técnica a todo el proceso. La licencia, que algunos ven como un obstáculo, es en realidad una protección para el ciudadano, un filtro que evita riesgos y sanciones futuras.
Pero los arquitectos también construimos; nos encargamos de gestionar y dirigir las obras de manera que se garantice la mejor relación calidad-precio a la hora de escoger quién va a ejecutarlas; la coordinación de los oficios, y la relación entre la propiedad y la contrata, a veces tan complicada ya que ambas partes “no hablan el mismo idioma”, es fundamental, así como la correcta interpretación de la documentación técnica.
En el Colegio Oficial de Arquitectos de León seguimos defendiendo que la rehabilitación no es un lujo reservado a unos pocos, sino una necesidad de toda la sociedad. Es una oportunidad para mejorar nuestro día a día, para revalorizar nuestras ciudades y para dejar un legado habitable a las generaciones futuras. Pero para lograrlo hay que hacer las cosas bien, y eso empieza siempre con la elección de un técnico cualificado, con un proyecto, una licencia, y una empresa constructora solvente. Solo así podremos hablar de una rehabilitación verdaderamente responsable y satisfactoria a todos los niveles.