El proyecto de Red de Calor Sostenible en Puente Castro-León ha generado recientemente controversia y rechazo ciudadano. Este proyecto consiste en la instalación de una red urbana de calor canalizado para León, promovida por la Junta de Castilla y León a través de su Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente. Desde la Cámara de la Propiedad Urbana de León Javier Llamas, administrador de fincas colegiado, analiza los pormenores de esta iniciativa.
«Tiene como objetivos principales ofrecer un servicio urbano de suministro centralizado de energía térmica tanto para edificios públicos como privados, lo que permite generar sinergias operativas y económicas. Además, se promueve la sustitución de energías fósiles por una alternativa renovable, sostenible y autóctona como la biomasa, favoreciendo el empleo rural, reduciendo la dependencia energética y contribuyendo a la prevención de incendios», señala Llamas.
Asimismo, indica que se persigue una notable disminución de las emisiones de CO2 de los edificios de León, alineándose con los objetivos de transición ecológica, junto con la digitalización y telegestión de la demanda energética para hacerla más eficiente.
Concretamente, el proyecto consta de una planta térmica de biomasa (75-88 MW) junto al Área Deportiva de Puente Castro, que consumirá anualmente unas 128.000 toneladas de astilla forestal (chopo, pino, roble, encina) para generar calor y electricidad. Así como una planta de biogás (actualmente no confirmada su instalación) capaz de procesar residuos urbanos, planta de hidrógeno “verde” y paneles solares fotovoltaicos, y una infraestructura de tuberías subterráneas para llevar agua caliente a 90º C a barrios y edificios de la ciudad dando traslado a la energía que se genera en las plantas. El terrero propuesto ocupará 24 hectáreas en Soto de Santa Olaja, de dominio público municipal, y se prevé una inversión estimada en torno a 85 millones de euros para todo el sistema incluyendo la red subterránea.
«Los objetivos que se han declarado son los de ahorro energético para viviendas, reducción de emisiones de CO₂, mejora de la calificación energética de los edificios, etc.», incide Javier Llamas.
En lo que se refiere a las quejas, preocupaciones y alegaciones documentadas por vecinos, organizaciones ecologistas y partidos políticos, algunas de ellas interpuestas en vía judicial, éstas giran en torno a diferentes aspectos de desarrollo del proyecto. Uno de ellos es la normativa urbanística y uso del suelo, ya que el suelo donde se proyecta la planta está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana de León como suelo rústico con protección natural y especial, y se argumenta que la tramitación mediante ‘Proyecto Regional’ pretende modificar dicha calificación de forma extraordinaria, sin pasar por los procedimientos urbanísticos ordinarios, lo que vulnera la autonomía municipal al tratarse realmente de un proyecto puramente local.
Otro de los aspectos para los opositores se basa en el impacto ambiental, como gases derivados de la combustión de biomasa, emisión de malos olores de la planta de biogás, ruidos por el incesante trasiego de camiones que transportan residuos orgánicos y astillas, además de riesgo de deforestación o sobreexplotación de biomasas forestales, o el consumo de agua que se estima en 35.290 metros cúbicos al año.
Atendiendo a aspectos centrados en la salud pública, vecinos y grupos locales advierten de posibles riesgos para la salud, especialmente de los niños, personas mayores y enfermos respiratorios, y también se expresan inquietudes por el deterioro de la calidad de vida por el impacto visual, olores, gases tóxicos y posibles filtraciones por tuberías.
El tránsito de camiones que transportarán al complejo astillas para la central de biomasa (128.000 toneladas/año) y residuos orgánicos para la planta de biogás (50.530 toneladas/año), así como las obras de infraestructura como la apertura de zanjas para las canalizaciones de agua caliente, también han sido esgrimidas como argumentos en contra. A ello se suman otros como la viabilidad económica, transparencia y demanda real, o la proximidad a núcleos de población.
Con una oposición vecinal creciente, ¿porqué seguir adelante con la red de calor sostenible? «El proyecto tiene metas ambiciosas de sostenibilidad y eficiencia y su magnitud y ubicación presentan importantes retos ambientales, sociales y legales que deben abordarse con claridad y en profundidad, sopesando con estudios de impacto independientes, transparencia y diálogo ciudadano, si los beneficios energéticos y de reducción de emisiones compensan los riesgos detectados», indice Javier Llamas.
Señala además que aunque la aceptación social parece limitada dadas las protestas vecinales y alegaciones, además de la desconfianza respecto a la ‘sostenibilidad real’ del modelo, «la red de calor sostenible de León es un proyecto energético y medioambiental que podrá abastecer de calefacción y agua caliente sanitaria a 28.000 viviendas y 150 edificios del sector terciario, además de generar hidrógeno verde para movilidad y usos industriales de la ciudad».
Asimismo, otro pro a tener en cuenta es que «permitirá a los usuarios ahorros en su factura energética, logrará una reducción de emisión de gases de efecto invernadero de 86.300 toneladas de CO2 al año e incrementará la independencia energética de la región creando 120 puestos de trabajo estable directos e indirectos».
Entre las ventajas para los futuros usuarios, destaca Llamas, se encuentra «la eliminación de los equipos individuales de producción de calor y chimeneas liberando espacio útil que queda a disposición de los propietarios, así como un ahorro y estabilidad en la factura energética. Este sistema conlleva una reducción significativa en los costes de mantenimiento y renovación de calderas, mejorando la calificación energética de los edificios con una mayor potencia cuando sea necesario, permitiendo y asegurando a su vez una continua actualización tecnológica del sistema».