La gran mayoría de las minas están cerradas, pero la tragedia volvió a teñir este 2025 a las cuencas mineras, a León y Asturias, de luto. Dos accidentes en el mismo año, siete víctimas mortales y una pregunta en el aire. En pleno siglo XXI, ¿qué ha pasado con la seguridad minera? El balance, como siempre en estos casos, es personal. Cinco familias destrozadas tras el accidente de Cerredo, y otras dos tras el de Vega de Rengos. Comunidades enteras de luto.
Dolor en El Bierzo y Laciana al volver a vivir una tragedia que parece más propia de otros tiempos. Y es que los dos accidentes mineros acaecidos este 2025 en explotaciones asturianas han devuelto a las cuencas un horror que se creía superado. Muchos pensaban que tras el cierre del carbón esos accidentes eran cosa del pasado. Este 2025 ha sido un devastador recordatorio de que la minería sigue siendo una profesión de vida o muerte para quienes la ejercen.
El 31 de marzo de 2025 se producía una explosión de gas en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña. El negro balance fue de cinco trabajadores muertos y cuatro heridos graves. Las cinco víctimas mortales -Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez- eran originarias de la provincia de León, de Laciana y Torre del Bierzo, con edades entre 32 y 54 años. El suceso se registraba en el tercer piso de la explotación, según informaba desde la Consejería del Principado de Asturias.
Apenas unos meses después, el 21 de noviembre de 2025, un derrumbe en la mina de Vega de Rengos -Cangas del Narcea- provocaba la muerte de otros dos mineros. Óscar Díaz de 32 años de Posada de Rengos (Asturias) y Anilson Soares de 42 años, natural de Caboalles de Arriba. El accidente ocurría en torno a las 16:58 horas en el nivel -2, a unos 1,5 kilómetros de la boca de la mina, cuando se produjo un hundimiento del terreno.
Ante el accidente en Cerredo, surgieron críticas fuertes denunciando la falta de control por parte de la administración minera y es que Blue Solving tenía permiso solo para investigación y retirada de restos, no para explotación de carbón. Esa posible ilegalidad es uno de los focos centrales de la investigación abierta ahora. En Vega de Rengos, aunque la mina contaba con permisos y había pasado inspecciones recientemente, sindicatos y comunidad han pedido que la investigación sea rigurosa y piden explicaciones.
Estos accidentes han reactivado el debate: ¿puede seguir existiendo minería en el siglo XXI con mínimas garantías de seguridad? Son muchas las voces que exigen que estas tragedias marquen un antes y un después y que se revisen leyes, permisos y controles.
Estos sucesos, que ya forman parte de la crónica negra de la familia minera, suponen mezcla tristeza, indignación, miedo, y debate sobre seguridad laboral. Y es que si algo queda claro con la pérdida de estas siete vidas en un año es que la actividad minera no puede volver a anteponer lucro o producción a la vida y la seguridad de las personas.