Hace casi un año que el Colegio de la Abogacía de León cambió de manos. Fernando Rodríguez Santocildes cerraba ocho años de decanato con un balance en el que la digitalización ocupaba un lugar destacado: el colegio leonés fue el primero de Castilla y León en dar acceso al expediente judicial electrónico desde los propios despachos. Su sucesor, David Manuel Díez Revilla, recibió aquel testigo el 6 de diciembre de 2025, después de ganar las elecciones del 31 de octubre con una candidatura que obtuvo todos los puestos de la Junta de Gobierno.
El punto de partida es bueno, pero el terreno se ha movido muy deprisa. Lo que hace ocho años era pasar del papel al expediente electrónico es hoy algo bastante más profundo: la inteligencia artificial ha entrado en los despachos, en los juzgados y en las facultades de Derecho, y lo ha hecho sin pedir permiso. La pregunta ya no es si la abogacía leonesa la va a usar, sino cómo, con qué garantías y quién se va a quedar atrás.
Un decano de la casa
Díez Revilla no llega de fuera. Nacido en León capital, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en Mediación por la Universidad de León y un doctorado en curso en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, lleva un cuarto de siglo ejerciendo en el GABINETE JURÍDICO TRIVIUM. Forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio desde 2014, donde fue tesorero en la etapa de Santocildes, y en 2010 presidió la Confederación Española de la Abogacía Joven tras haber dirigido la agrupación de jóvenes abogados de León. Desde diciembre de 2025 es también consejero del Consejo General de la Abogacía Española.
Ese perfil, el de alguien que conoce tanto el despacho pequeño como la estructura colegial, es precisamente el que reclama el momento. Cuenta a su vez con una junta de gobierno renovada y con gran proyección. Porque los cambios que vienen no se deciden en grandes declaraciones y titulares, sino en cosas muy concretas: qué herramientas se ponen a disposición de los colegiados, cómo se forman y cómo se organiza el trabajo del día a día para lograr una mayor eficiencia y donde la abogacía se sienta representada y sus necesidades cubiertas.
Inteligencia artificial: de la advertencia a la herramienta
El decano saliente dejó marcada la línea ética: la inteligencia artificial debe ser un apoyo y nunca un sustituto del criterio jurídico, la estrategia procesal o la relación de confianza con el cliente. Es una premisa compartida por toda la profesión. Pero una vez fijado el principio, toca bajar al terreno, y ahí el Colegio tiene por delante tres tareas.
La primera es la formación. Buena parte de los colegiados, sobre todo en despachos unipersonales y en el ámbito rural, usa ya herramientas de IA generativa sin pautas claras, o no las usa por desconfianza. Ninguna de las dos situaciones es buena. Un plan de formación continua específico, práctico y gratuito o a bajo coste, que enseñe a redactar, revisar, buscar jurisprudencia y gestionar documentación con estas herramientas sin comprometer el secreto profesional ni la protección de datos, sería probablemente la medida de mayor impacto inmediato.
La segunda es el acceso. Las soluciones de IA jurídica de calidad tienen un coste que un gran despacho absorbe sin problemas y que una abogada que ejerce sola en Astorga o en Cistierna difícilmente puede asumir. El Colegio puede negociar en bloque licencias y condiciones para sus colegiados, como ya hace con otros servicios, de modo que la tecnología no se convierta en una nueva brecha entre despachos grandes y pequeños.
La tercera es la guía. La profesión necesita criterios claros sobre qué se puede subir a una herramienta de IA y qué no, cómo informar al cliente, cómo verificar los resultados y qué responsabilidad deontológica tiene quien firma un escrito elaborado con ayuda de un algoritmo. Una guía colegial de buenas prácticas, revisada periódicamente, daría seguridad a quien ya está usando estas herramientas y confianza a quien todavía no se atreve.
El contexto acompaña. La Universidad de León ha acogido este año el encuentro de las facultades de Derecho de España, que se pronunciaron por un uso ético de la IA en la formación jurídica. El Colegio tiene al lado a un socio natural para impulsar formación conjunta, jornadas y proyectos piloto.
Reorganizar el trabajo colegial
La transformación tecnológica no es solo cosa de los despachos; también afecta al propio Colegio. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y la implantación de los Tribunales de Instancia, la organización judicial está cambiando, y el Colegio tiene que adaptar su forma de trabajar a esa nueva realidad.
Hay margen para avanzar en varios frentes: una ventanilla colegial plenamente digital, en la que cualquier trámite (altas, certificados, consultas deontológicas, inscripciones en formación) pueda hacerse sin desplazarse; una gestión del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita más ágil, con designaciones, justificaciones y cobros tramitados por vía electrónica; y servicios de apoyo compartidos (consultas técnicas, biblioteca jurídica digital, plantillas) que alivien la carga administrativa de los despachos más pequeños.
No se trata de sustituir la sede de la calle Conde de Saldaña ni la delegación de Ponferrada, sino de que funcionen también como servicios disponibles a cualquier hora y desde cualquier lugar. Todos sabemos que la transformación tecnológica ya no puede esperar, pero la rentabilidad y eficiencia que produce es esencial. El tiempo es un bien escaso.
Que la distancia no sea un obstáculo
La provincia de León es extensa, envejecida en muchas comarcas y con núcleos de población muy dispersos. Un abogado que ejerce en Laciana, en la Montaña Oriental o en la Cabrera afronta cada semana desplazamientos que sus compañeros de la capital no conocen: para formarse, para un acto colegial o para una diligencia que podría resolverse a distancia.
La tecnología es, aquí, una cuestión de igualdad. Formación en formato híbrido y grabada, para que pueda seguirse desde cualquier punto de la provincia; juntas y reuniones colegiales con participación telemática real; asistencia y orientación jurídica a la ciudadanía por videoconferencia en los municipios sin despacho cercano, en colaboración con las administraciones; conciliaciones laborales telemáticas; y una red de apoyo entre colegiados del medio rural son medidas posibles y relativamente baratas.
El objetivo es doble. Por un lado, que la abogacía que ejerce en el medio rural tenga los mismos recursos que la de la capital. Por otro, que la ciudadanía de cualquier rincón de la provincia tenga cerca a un profesional de la abogacía, aunque físicamente esté a cien kilómetros. En una provincia que pelea contra la despoblación, mantener abogacía en los partidos judiciales y en las comarcas es también una forma de mantener servicios y vida.
Un mandato para dar el salto
Díez Revilla tiene por delante cuatro años de mandato y una base sólida sobre la que construir junto a una Junta Directiva sólidamente respaldada. El reto no es menor: convertir la inteligencia artificial en una herramienta al alcance de todos los colegiados y no en un privilegio de unos pocos, modernizar el funcionamiento del Colegio sin perder la cercanía que lo caracteriza y lograr que la abogacía leonesa llegue, de verdad, a toda la provincia.
Si la etapa anterior fue la de pasar del papel a lo digital, esta puede ser la de llevar lo digital a todos los rincones de León, así como buscar la eficiencia de los servicios actuales mediante la reducción de tiempos de gestión y tramitación que la IA podría agilizar. Al final, como recordaba su antecesor al despedirse, apostar por una justicia eficiente y cercana es apostar por León.
David Manuel Díez Revilla afronta su primer año al frente del Colegio de la Abogacía de León con un reto que ya no admite espera: integrar la inteligencia artificial y reorganizar el trabajo colegial para buscar una mayor eficiencia
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