Eloy Rubio, exalcalde de Valderas, se sentará en el banquillo por un delito de prevaricación

El fiscal pide para él y para una empleada municipal penas de hasta 15 meses de prisión. El juicio arrancará el lunes 7 y está previsto que se prolongue hasta el viernes 11

R. Álvarez
05/11/2022
 Actualizado a 05/11/2022
Durante cinco días, desde el lunes 7 al viernes 11 de noviembre, está previsto que la Audiencia Provincial de León celebre un juicio por un «delito continuado de prevaricación» para el que el fiscal propone en sus conclusiones provisionales hasta dos alternativas (una de ellas contempla también un delito de usurpación de funciones públicas) y una pena máxima de hasta 15 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público. En el banquillo se sentarán dos acusados: el exalcalde de Valderas Eloy Rubio (estuvo al frente del Ayuntamiento entre 2007 y 2011) y una empleada municipal. En concreto, una agente de desarrollo local que ejerció como secretaria sin serlo y que el fiscal considera que debe enfrentarse a similares cargos y penas que el exregidor.

Secretaria sin autorización

Según se expone en el escrito de acusación con el que la Fiscalía reclamó la apertura de juicio oral, el exalcalde solicitó ante la dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta de Castilla y León, con fecha de 25 de mayo de 2009, que se concediera a la otra acusada el puesto de secretaria. Para ello, acompañó la solicitud «únicamente» de la copia de las bases por las que se regía la convocatoria pública. La Junta le requirió entonces el expediente del proceso de selección (actas de la comisión de valoración, solicitudes presentadas por los diferentes aspirantes, puntuación de los mismos...), a lo que Rubio no ofreció respuesta, según se explica. Entonces, la acusada presentó su cese y él certificó a la Subdelegación del Gobierno en León que ella había ocupado este puesto.

El fiscal remarca también que el acusado, «actuando en connivencia» con ella –y «a sabiendas de que no se había autorizado» que desempeñara el cargo de secretaria– permitió que «continuase ejerciendo». Todo ello cuando, además, «se había producido su cese» y continuaba, al mismo tiempo, trabajando en el Ayuntamiento ocupando otra plaza diferente, expone el escrito. Así, resume que la acusada «ejerció competencias propias de un secretario-interventor con el conocimiento y consentimiento del también acusado y puso el visto bueno con su firma (acompañando a la del alcalde) a órdenes de pago, facturas, certificaciones e informes, entre otros».

Obra finalizada sin ejecutar

Por otro lado, el escrito de acusación de la Fiscalía detalla también que Rubio, en calidad de alcalde, emitió, además, un decreto en relación a un expediente en el que certificaba la finalización de una obra y aprobaba unos costes por importe de 44.348,55 euros. Daba de esta manera el visto bueno a un «exceso de costes» con cargo al presupuesto municipal y solicitaba el abono de la subvención en su día concedida por la Junta firmando como secretaria la otra acusada, «cuando nunca había sido designada legalmente como secretaria» y sabiendo –incide– «que no era cierta la finalización de la obra», ya que de las seis unidades de ejecución que contemplaba la memoria, no se habían ejecutado la uno, tres, cuatro, cinco y seis. Por todo lo expuesto, para la Fiscalía los autores cometieron un «delito continuado de prevaricación» para el que propone dos alternativas, contemplando la segunda de ellas (además de la prevaricación) un delito de usurpación de funciones públicas que imputa al alcalde y a la trabajadora.

Petición de penas

Por la primera de las vías, la Fiscalía reclama para el exregidor la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de diez años y para la empleada nueve. Por su parte, en el caso de la primera de las alternativas pide para Rubio seis meses de multa con cuota diaria de diez euros y suspensión de empleo y cargo público durante un año, a lo que suma nueve años de inhabilitación y para la otra acusada cinco meses de multa con cuota diaria de diez euros, la suspensión de empleo y cargo público durante diez meses y siete años de inhabilitación. La última de las alternativas es a la que el fiscal liga las penas más elevadas, demandando para Rubio 15 meses de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años y otros 15 meses de cárcel y siete años de inhabilitación para la ‘no’ secretaria.
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