El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que solicita que se vigile el cumplimiento de los contratos de transporte sanitario vigentes, a raíz de una queja presentada en la provincia de León, que acreditaba algunas de las irregularidades denunciadas.

La institución autonómica que dirige Tomás Quintana solicita a la Consejería de Sanidad que se compruebe que se ejecuta conforme a lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y se investiguen posibles incumplimientos para garantizar la prestación adecuada del servicio en toda la Comunidad y, si procediera, se derivasen responsabilidades a la empresa adjudicataria.

También pide que se ejerzan los poderes de policía conferidos por la normativa vigente en relación con el cumplimiento de los procedimientos o instrucciones que en la actualidad sigan en vigor en lo relativo a la prevención del covid-19.

“La Consejería de Sanidad debe asumir su papel y actuar en consecuencia, adoptando las medidas oportunas para mejorarlo, llevando a cabo las necesarias tareas de supervisión y vigilancia para determinar la posible existencia de deficiencias en el servicio, realizando los requerimientos y las visitas de inspección que considere oportunas para garantizar la prestación del servicio en las condiciones pactadas, máxime habiendo habido denuncias de por medio y, en todo caso, como tarea a realizar aunque no las hubiera habido”, argumenta la institución.

Además, dado que está en marcha un proceso de adjudicación, reclama que el nuevo procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de transporte sanitario terrestre atienda todas las deficiencias denunciadas mediante quejas y que han dado cuestiones que han dado lugar a su intervención.

Plantea, en concreto, que se controle el número de vehículos necesarios, el kilometraje de los mismos, la dotación de personal, las Mesas de Seguimiento y las inspecciones periódicas, a fin de garantizar adecuadamente la prestación del servicio.