El juez imputa tres delitos al dueño de El Capricho por los 2.800 kilos de carne defectuosa

El procedimiento penal contra el propietario del afamado restaurante El Capricho, de Jiménez de Jamuz, da un paso más hacia la celebración de un previsible juicio por falsedad documental, estafa y delito contra la salud pública ahora que la Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso de José Gordón contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que marcaría el final de la instrucción de una causa que tiene su origen en una inspección realizada por el Seprona de la Guardia Civil en diciembre de 2012 en el marco de la operación Opson II de lucha contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios.

Fruto de esta inspección rutinaria quedaron inmovilizados 2.800 kilos de carne de la empresa Cecinas y Carnes de Buey El Capricho SL por sospecha razonable de riesgo para la salud pública. 1.800 kilos –80 cajas de carnes rojas– fueron intervenidos en las instalaciones de un empresa de almacenamiento y transporte de alimentos por carecer de número de registro sanitario de la empresa que realizó el tratamiento de congelación, por no tener la marca de salubridad, por ausencia de la fecha de caducidad o consumo preferente o incluso por estar ya caducada.

La carne intervenida continúa inmovilizada a la espera de que concluya el procedimiento judicialLos otros 1.000 kilos de carne roja de buey y de vaca se inmovilizan en la posterior inspección a la bodega El Capricho, en Jiménez de Jamuz, donde, según consta en las resoluciones de la Consejería de Sanidad de las que ya se hizo eco este periódico en una información publicada en abril de 2017, se comprobó que había una cámara de congelación y no de refrigeración con numerosas cajas de carne congelada con las mismas deficiencias que la anterior.

La empresa, entonces, aportó documentación para tratar de demostrar que la carne intervenida se la había congelado un matadero frigorífico de Zamora que, tras las debidas comprobaciones por parte de los agentes, resultó no tener autorización para el congelado de la carne. Además, las temperaturas de los registros aportados, se indicaba en el informe, «podrían no ser las adecuadas para una congelación con las debidas garantías sanitarias» y «la carne presenta aspectos achacables a la rotura de la cadena del frío».

De los hechos expuestos se derivó una multa de 15.000 euros por infracción administrativa grave, pero además, se iniciaba un procedimiento por vía penal contra José Gordón.

En diciembre de 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 de los de León dictó el auto por el que se ordenaba seguir adelante las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado imputando a Gordón los delitos de falsedad documental, estafa y contra la salud pública. El recurrente impugnaba dicho auto alegando que los hechos investigados «han sido objeto ya de la correspondiente sanción administrativa» negando además que tales hechos puedan integrar los citados delitos. Sin embargo, el escrito de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de León al que ha tenido acceso este periódico considera que la sanción administrativa de las conductas no impide «la continuación del proceso penal, aunque sea por los mismos hechos», y sostiene que si bien no es el momento de precisar la calificación jurídico penal de las conductas, basta con la «existencia de indicios racionales de haberse cometido tales conductas, los cuales se deducen claramente de las investigaciones practicadas».

Presentó documentación falsa, vendía carne sin fecha de caducidad y mentía a los clientes, entiende el juezTal y como entiende la Audiencia, el auto recurrido cumple con lo que se le exige, que es recoger sustancialmente los hechos justiciables que, como resume, consisten en que José Gordón, representante legal de Cecinas y Carne de Buey El Capricho, primero, presentó ante el servicio de Sanidad de la Junta «documentación falsa para justificar que la carne había sido sometida a un proceso de congelación»; segundo, ofrecía en su empresa «productos alimenticios (carnes rojas) que carecen en el etiquetado de muchos de los requisitos establecido en la norma administrativa vigente, observándose en concreto que en ninguno de ellos consta las fechas de caducidad»; y tercero, que a través del canal de venta de su página web «informa a los clientes de que todos sus productos se presentan envasados al vacío con los debidos controles y registros sanitarios, lo que no es cierto».

La resolución administrativa contemplaba la destrucción de los productos intervenidos (los 2.800 kilos de carne roja de buey y vaca), medida a la que aún no se ha procedido por no haberse resuelto aún el procedimiento judicial.