Desde la Abogacía leonesa se ha mostrado la seria preocupación por la situación creada con motivo de la convocatoria de la huelga y que ha provocado que en la semana del 6 al 10 de febrero, en los servicios comunes de León y Ponferrada, casi 600 demandas, incluidas las de ejecución, hayan visto paralizada su incoación, habiendo provocado que en torno a 2000 escritos no hayan sido tramitado, todo ello en apenas cinco días. Por otro lado, son muy numerosas las actuaciones judiciales que se han visto suspendidas, juicios, vistas y comparecencias que “provocarán una nueva acumulación en la administración de justicia que habrá que añadir – a juicio de la Abogacía- a la que aún se venía arrastrando con ocasión del Covid”.
La Abogacía, “desde el respeto al ejercicio del derecho de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, y sin entrar a considerar las reivindicaciones planteadas, instan a las partes, Ministerio de Justicia y comité de huelga, a solventar la situación actual y alcanzar un acuerdo que permita recuperar la normalidad en la administración de justicia” situación de la que los verdaderos perjudicados son los profesionales y especialmente la ciudadanía que se ve afectada por esta situación de inactividad judicial.
Por otra parte, la Abogacía requiere de los Letrados de la Administración de Justicia que, a fin de minorar los perjuicios que se vienen ocasionado a ciudadanos y profesionales, se comunique la víspera la suspensión de aquellos señalamientos que no vayan a tener lugar, evitando con ello el desplazamiento de ciudadanos a las sedes judiciales, con los consiguientes gastos que en ocasiones conlleva y que en muchos casos tienen que solicitar permiso en su lugar de trabajo; perjuicio que es igualmente extensivo a los profesionales que acuden innecesariamente a la sede judicial
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