La Unión del Pueblo Leonés (UPL) reclama a la Junta de Castilla y León la asignación de 30 horas semanales de intérprete de lengua de signos española para cubrir la totalidad de la jornada lectiva de una alumna con sordera profunda del IES Virgen de la Encina de Ponferrada.
La formación leonesista ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas para exigir una respuesta a esta situación y pedir al Ejecutivo autonómico que priorice la lengua de signos como un recurso educativo esencial para el alumnado con sordera que lo necesite.
UPL considera que ningún estudiante debe ver limitadas las horas de interpretación por razones económicas, geográficas o de planificación administrativa. A su juicio, disponer de este apoyo resulta fundamental para seguir las clases, comunicarse con el profesorado y participar en igualdad de condiciones en la vida del centro.
La formación también propone que la Junta dicte instrucciones expresas a la Inspección Educativa y a los centros para garantizar las adaptaciones curriculares, metodológicas y de evaluación que precise cada alumno. En el caso de quienes utilizan la lengua de signos como lengua materna, reclama que estas medidas tengan en cuenta sus necesidades específicas y que la falta de intérpretes no perjudique su rendimiento académico.
En este sentido, UPL defiende que la obtención del título de ESO debe valorarse en función de las competencias reales del alumnado, sin que las barreras de comunicación derivadas de la falta de recursos condicionen su evaluación.
Los leonesistas aseguran que las familias llevan años reclamando una cobertura adecuada de intérpretes y denuncian que la falta de respuesta administrativa puede provocar aislamiento en las aulas y limitar las oportunidades de aprendizaje. La formación sostiene que incluso alumnos con buenos resultados académicos encuentran dificultades añadidas cuando no disponen de la herramienta necesaria para comunicarse con sus docentes y compañeros.
UPL califica de inadmisible esta situación y advierte de sus posibles consecuencias sobre el bienestar emocional de los menores, al tiempo que apela a la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La formación insiste en que la solución pasa por una decisión política que garantice los recursos necesarios para una educación inclusiva y reclama que la Junta dé prioridad a la cobertura completa de las horas de intérprete solicitadas para la alumna del centro ponferradino.
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