La Junta de Castilla y León ha formulado la declaración ambiental estratégica favorable para las Normas Urbanísticas Municipales de Torre del Bierzo, un paso clave para la actualización del planeamiento urbanístico del municipio. La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León, concluye que el desarrollo previsto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
El documento responde al procedimiento de evaluación ambiental iniciado en 2023 y permite avanzar en la revisión de una normativa vigente desde finales de los años 90. El objetivo principal es adaptar el planeamiento a la realidad actual del municipio, mejorando la ordenación del territorio y facilitando un desarrollo más eficiente.
Un modelo territorial más ajustado
Las nuevas normas plantean una ordenación basada en la realidad del municipio, que cuenta con 13 núcleos de población y una superficie cercana a los 120 kilómetros cuadrados. El planeamiento distingue entre suelo urbano, urbanizable y rústico, con una fuerte presencia de este último, especialmente el protegido, que supera las 9.600 hectáreas.
Entre los objetivos destacan la protección del patrimonio natural y cultural, la mejora de la integración paisajística y la definición de un modelo que permita el desarrollo económico sin comprometer los valores del entorno.
Protección ambiental y prevención de riesgos
La declaración ambiental incorpora diversas condiciones para minimizar impactos. Entre ellas, se incluyen medidas de protección de la biodiversidad, control de vertidos, conservación del patrimonio cultural y prevención de incendios forestales.
En este sentido, se subraya que el municipio presenta riesgo alto de incendios forestales y que cualquier desarrollo deberá contemplar medidas específicas, como franjas de seguridad en zonas próximas a masas forestales.
Asimismo, se establecen obligaciones como la evaluación previa de fauna en edificios antiguos, la protección de masas arboladas o el control de la calidad de las aguas, especialmente en núcleos con sistemas de saneamiento deficitarios.
El proceso ha contado con dos periodos de información pública, en los que se registraron 78 alegaciones, todas ellas de carácter urbanístico. Además, han participado distintos organismos, como la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Patrimonio Cultural o el Servicio Territorial de Medio Ambiente, que han emitido informes favorables con condicionantes.
La Junta establece que el planeamiento deberá incorporar un programa de vigilancia ambiental para evaluar su aplicación y detectar posibles impactos. Además, recuerda que los proyectos concretos derivados de estas normas deberán someterse, en su caso, a sus propias evaluaciones ambientales.
La declaración tendrá una vigencia de dos años, periodo en el que deberá aprobarse definitivamente el plan urbanístico. De no hacerlo, perderá su validez.