Según Casero, en dicho juicio “y de manera contraria a las previsiones del ordenamiento jurídico, se decidió la absolución de Pablo Rubio después de que no se admitiese la presencia de la acusación ejercida en nombre del Ayuntamiento de Candín, lo que ahora la Audiencia Provincial considera contrario a Derecho”, cómo él defendía.
La consecuencia directa es la necesidad de retrotraer las actuaciones al momento previo a ese juicio y la necesidad de que el nuevo juicio sea presidido por un magistrado distinto al titular del Juzgado de lo Penal de Ponferrada, que admitió esa situación de expulsión efectiva del procedimiento del Ayuntamiento, posibilitando la absolución del ex alcalde.
“Esperamos poder participar activamente en el nuevo juicio, posibilidad que irregularmente se nos negó en el juicio anterior”, apunta, a fin de “acreditar la responsabilidad de Rubio en los hechos que se le imputan, que pudieran ser constitutivos de un ilícito de prevaricación administrativa”, incide.
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