La Dirección General de Tráfico ha comunicado su intención de rescindir a partir del 31 de julio el contrato que permitía la realización de exámenes teóricos y prácticos para la obtención del permiso de conducir en el centro desplazado de Ponferrada, indicando que los espacios en los que se realizan las pruebas deben ser costeados por las propias autoescuelas.
ParaCoalición por El Bierzo, esta situación es "un agravio comparativo con otros centros", como es el caso del de León, en el que se costea por parte de la DGT. "Las autoescuelas bercianas tendrán que asumir un pago por un servicio que se costeaba públicamente y que se seguirá costeando públicamente en León, convirtiendo a estas empresas, autónomos y a los propios alumnos en ciudadanos de segunda, teniendo que asumir las mismas tasas y sin recibir los mismos derechos", explican.
Por ello, el grupo bercianista en el Consejo Comarcal formuló este martes en el pleno ordinario una propuesta -que fue aceptada- para instar al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico a mantener espacios que permitan la realización de exámenes teóricos y prácticos y a que sufraguen los costes en el centro desplazado de Ponferrada como realizan en las capitales de provincia.
Según el portavozIván Alonso, estos costes son numerosos. Veinte ordenadores de 800 euros cada uno, la señalización de las pistas, la limpieza o el mantenimiento de las instalaciones son algunos de ellos que tendrían que ser asumidos por las propias autoescuelas, a lo que se une la falta de localización de unos recintos para hacer las prácticas en circuito.
El presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, explicó que la normativa específica dice que no se pueden abonar rentas a centros no centralizados, es decir, que no sean de capitales de provincia. En los lugares delegados como Ponferrada, el compromiso se debe asumir en la propia zona. Sin embargo, transmitió un mensaje de "tranquilidad", pues aseguró que la DGT se encuentra buscando una solución con propuestas alternativas. De hecho, afirmó que ya hay opciones sobre la mesa de ubicaciones para realizar los exámenes teóricos mientras que se sigue rastreando una solución para los prácticos. "El Bierzo es una zona estratégica para la DGT y los exámenes se van a seguir realizando en Ponferrada", aseveró.
No obstante, también reconoció que ante los gastos de los locales a los que hacía referencia Coalición por El Bierzo que deberán asumir las propias autoescuelas no sabe cuál será la solución: "No estoy en condición para poder decir nada, sólo para asegurar que habrá lugares para el examen teórico y para el práctico". Sobre ellos, el Ayuntamiento de Ponferrada ha propuesto ceder un local en los bajos del Estadio Municipal El Toralín para poder realizar los exámenes teóricos y, además, las pruebas prácticas de circuito podrían llevarse a cabo en el recinto ferial contiguo. Son unos 3.000 los usuarios que cada año se someten a estos exámenes en Ponferrada.
Representantes de las autoescuelas acudieron al pleno del Consejo Comarcal para presenciar in situ el debate sobre este asunto y aplaudieron la unión de las fuerzas políticas para buscar una solución. Félix Pérez, de Autoescuela Diana, hizo hincapié en el agravio comparativo que significa esta medida a la vez que señaló que "este convenio roto" choca frontalmente con las políticas de lucha contra la despoblación del medio rural.
UPL llevará el tema a las Cortes
Fuera del pleno del Consejo Comarcal, UPL-Bierzo también se ha pronunciado acerca de esta cuestión, comprometiéndose "a hacer todo lo posible para que este servicio se siga realizando como hasta ahora sin coste alguno para las autoescuelas y el alumnado berciano".
En este sentido, los leonesistas reiteraron que "no podemos entender cómo un servicio que se costeaba con presupuesto público y que permitía la realización de exámenes de conducir teóricos y prácticos para la obtención del permiso de conducir se quiera rescindir por parte de la DGT. A UPL-Bierzo nos parece un atropello a los derechos y a la igualdad entre ciudadanos y está visto que no tenemos los mismos derechos los ciudadanos que vivimos en esta comarca con servicios en precario y que parece ser que, si los queremos, tenemos que pagarlos de nuestro propio bolsillo".
Por ello, la Unión del Pueblo Leonés presentará una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León para que inste al Gobierno a través del Ministerio del Interior a que sea la Dirección General de Tráfico como hasta ahora la que asuma esos costes de mantenimiento.
El servicio seguirá en Ponferrada
La delegación del Gobierno emitió horas después de la celebración de este pleno un comunicado en el que dejan claro que la DGT mantendrá el servicio en el centro desplazado de Ponferrada como se ha venido haciendo hasta ahora con un cambio de ubicación "que viene a poner fin a una situación anómala". Del mismo modo, añaden que "ni se ha repercutido hasta la fecha a autoescuelas o alumnos coste alguno ni se repercutirá en un futuro".
Declaración por el campo
El orden del día del pleno del Consejo Comarcal de este martes contemplaba también hasta tres dictámenes diferentes en defensa de los agricultores y ganaderos: una del Partido Popular, otra del PSOE y una tercera de Coalición por El Bierzo. Si bien todas ellas presentaban un distintivo, finalmente las tres formaciones se pusieron de acuerdo para realizar una declaración institucional conjunta.
El portavoz del PP, José Manuel Pereira, reconoció que esta negociación fue "trabajosa" porque su escrito "tenía más matices" y era "más duro en algunas exigencias", pero también elogió la "imagen de unidad" que se consigue dar con un mensaje consensuado.
Juntas vecinales
El Partido Popular también presentó una moción de para la concesión de adelantos de fondos a las juntas vecinales que lo soliciten dentro del plan de obras. Olegario Ramón apeló a la "responsabilidad" explicando que los técnicos no informan favorablemente de estos adelantos porque no existen garantías de recuperación en el supuesto de que se pierdan las obras. Sin embargo, este escenario es diferente en el resto de juntas vecinales de la provincia, dependientes de la Diputación de León, ente que "sí tiene las garantías y la recaudación necesarias", por lo que sí se producen los adelantos.
El portavoz 'popular' mostró su desacuerdo con esta explicación recordando que, de acuerdo a la normativa, "somos intermediarios de una subvención que gestiona la Diputación". En su intervención comentó que en el convenio establecido en 1994 entre Diputación y Consejo Comarcal se estableció que, en caso de litigios cuando una junta vecinal presenta algún contencioso, no será el Consejo quien lo resuelva sino el pleno de Diputación, que es quien tiene la competencia". Así, solicitó que se aplique la misma fórmula en este asunto si se diera el caso de que una junta vecinal no ejecute la obra una vez ha recibido los fondos: "Pedimos que se actúe como en Astorga o La Bañeza. No hay ninguna diferencia. En caso de que se incumpla algo, existe el auxilio de la Diputación como con cualquier ciudadano, porque ninguno tenemos por nosotros la capacidad", concluyó.
En el comienzo de la sesión plenaria se produjo la toma de posesión como consejero de Daniel Delgado Mauriz.