El juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada ya ha puesto fecha al esperado juicio contra la Mercantil Española de Refrigeración S.L., que en Ponferrada contaba con la firma Friger (que englobaba firmas como Fridan, Dan, Danfri y Balfrío), empresa que realizaba equipación de sistemas de frío para establecimientos comerciales y hosteleros, tras 11 años esperando. Será el 30 de julio de 2024 cuando se abra la causa denunciada por 23 trabajadores y Fiscalía que ahora pide tres años y medio de prisión para el dueño de la empresa, Silvestre Blanco, además de otros tres años de cárcel para su esposa y la misma pena para un hermano. Para los cuatro hijos que trabajaban en la empresa, aunque dos de ellos, el abogado y el economista, lo negaban, otros tres años por un delito de alzamiento de bienes .
Según recogen las diligencias previas, Silvestre Blanco, que estaba casado en gananciales con Mari Carmen Álvarez, abrió la empresa Friger, que se ubicaba en Ponferrada, en 2004. Cuando se jubiló este, el mando pasó a manos de su hija Elena, como administradora única y más tarde al hermano de esta, José. Como quedó probado, se trataba de una empresa familiar, en la que también operaban Gabriel, como abogado y Alberto, como economista, además del tío de todos ellos, Bienvenido Blanco.
La empresa crecía incluso a nivel internacional y llegó a tener sedes en Santo Domingo e iberoamérica, pero, en 2011, comenzaron los problemas con los trabajadores. Llegó a tener una plantilla de 800 empleados, pero, por aquel entonces, se había reducido a la mitad. La mayoría de los 400 empleados estuvieron trabajando un año sin percibir nada, aunque crédulos de que la situación se iba a reconducir. Incluso intentaban implicarse más con la producción para que la venta de los productos pudiera dar liquidez a la empresa.
En 2012 comenzaron a autorizarse las extinciones de los contratos de trabajo por causas económicas, organizativas y de producción en diversos EREs. En vistas de que los trabajadores comenzaron a denunciar, vía Social, los impagos, la empresa comenzó a reubicar las propiedades en otras manos. Las visitas al notario para hacerlo eran constantes. Movieron fincas en Sevilla, Tenerife, Redondela , Pontevedra, Coruña, Lugo... "Todas estas maniobras fueron realizadas por los acusados a sabiendas de la situación de crisis económica de la empresa, provocando que los trabajadores no llegaran a cobrar sus créditos en las ejecuciones de los procedimientos laborales, que se iniciaron en el año 2011 y fueron asumidos por parte del Fogasa", dice el escrito de diligencias previas. Cobraron un 35% de los que se les adeudaba y en la actualidad, el grupo debería abonar una cuantía global e 967.914 euros. Se debe a cada trabajador cuantías que podrían estar en máximos de 50.000 euros.
Fiscalía pide, además de la pena de cárcel para los acusados, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante toda la condena y la pena de 22 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad civil subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas para el dueño inicial, que será de 20 meses para el resto de acusados, en total siete.
11 años de espera
El juicio ha tenido "muy mala suerte" en todo su procedimiento y ha supuesto, en algunos casos situaciones de estrés y enfermedad que los afectados, alguno ya fallecido, consideran que, aunque no pueda demostrarse, tuvieron que ver con lo que estaban viviendo. No cobraban, querían creer a los propietarios, a los que consideraban buenos gestores, puesto que reinvertían en crecer las ganancias que tenían, que podrían haber sumado, según sus cálculos, 5.000 millones de pesetas, en aquel momento, con los que existía buena relación, y se sintieron "engañados".
La empresa recibía ayudas para poder seguir produciendo, pero lamentan que nadie controlara en qué las estaba invirtiendo ni las cuantías que iba recibiendo por la venta de sus propiedades. A algunos, la situación les afectó en las cuantías de sus jubilaciones, que se recortaron en más de la mitad. Pero además, recuerdan que la espera por el juicio se dilataba sin causa justificada. Aunque parece un caso ganado, porque la familia contaba con más de 200 propiedades y fondos para poder hacer frente al millón que les adeuda, la jueza de instrucción fue incluso expedientada, de inicio, por la dilación en el procedimiento.
Después, los cambios en las propiedades y la pandemia han hecho que, cuando vuelva a sala, ahora como caso penal, habrán pasado 11 años de aquella movilización laboral. De todos modos, los afectados consideran que la justicia siempre llega y esperan resolver esta situación de una vez por todas, porque solo quieren cerrar el libro de esta pesadilla que no les ha dejado descansar en todo este tiempo.
Al juicio, que comenzará a las 9:00 de la mañana el 30 de julio, están llamados a declarar cuatro trabajadores de las oficinas en 2013.