El Grupo popular de Bembibre ha salido al paso de la denuncia por presunta prevaricación que ha interpuesto la alcaldesa, Silvia Cao contra tres ediles populares del pasado mandato, entre quienes se encuentra Laura Álvarez, que también es concejala en este. Consideran que ese empuje de saltar a los tribunales viene por un “afán de revancha” y también por una oposición “incómoda”, para la socialista, ya que consideran que podría haber recurrido a los tribunales antes, ya que son hechos pasados. Se basa en que dos concejalas cobraron por asistencia a un órgano de gobierno al que no pertenecían al suplir a dos compañeros a los que se les quitó ese cargo “algo que se viene dando también frecuentemente a lo largo de todos estos años de mandato de Silvia Cao… ¿o no ocurre lo mismo cada vez que Belén Martín sustituye a Gerardo Álvarez Courel en la Mancomunidad?”, se preguntan.
La alcaldesa habla de incompatibilidad en la asistencia y en los cobros “a sabiendas de que no se produce, sirva como ejemplo el caso de Serafín Vázquez, que además de las asistencias de su área delegada, cobraba las indemnizaciones correspondientes a su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno tras la dimisión entonces de Sigifredo Benavides, actual socio de gobierno del PSOE municipal. ¿Por qué no se pone esto en manos de la justicia?”, preguntan “porque todos sabemos que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no recoge ninguna incompatibilidad ni en la asistencia ni en la retribución de los dos órganos”.
“Las concejalas del PP asumieron estas Concejalías y, por tanto, no vemos la irregularidad en el hecho de que percibieran las retribuciones estipuladas para dichas funciones”, apuntan.
Sin entrar en la corrección del procedimiento para el nombramiento, que consideran que determinará la justicia, las concejalas percibieron 900 euros por el trabajo de sustituir a tres concejales que habían iniciado su desembarco en las listas de otro partido. “Mientras tanto, la señora alcaldesa suma a su nada desdeñable dedicación en el Ayuntamiento otros 1.000 euros por cada vez que reúne las mancomunidades del agua y la basura”, y recuerdan que el dinero que percibieron las concejalas por la realización de su trabajo procede del mismo sitio de donde se va a pagar el abogado designado por el Ayuntamiento para este procedimiento.