Pero considera que no será la teoría del impugnante, el pedáneo de Columbrianos, Andrés Buelta, también presidente de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores quien presentó el recurso estimado ahora por la sala por considerar que los pedáneos «tienen el derecho» de estar en los plenos y deben ser convocados para ello. De no hacerlo, asegura la sentencia que se incurre en «indefensión» o incluso en «vulneración del derecho fundamental de participación por política» que recoge la Constitución en su artículo 23. Vidal considera que las posibilidades que se abren son que, al estar anulado ese ejercicio, debería ser el de 2014 el que estuviera activo ese año «pero tiene partidas que no son prorrogables, como el capítulo de inversiones o transferencias de capital e incluso subvenciones a las Juntas Vecinales».
Entre lo inejecutado, estaba el pago de 3 millones de canon para el evento del Mundial de Ciclismo, aunque Vidal considera que esa partida estaba ya viciada de nulidad, porque el Consultivo lo declaró así.
La concejala lamenta que los dos años de gobierno de Folgueral hayan sido «aciagos» con un principio y fin sembrados con sendas anulaciones de plenos, el de inicio, el que determinó el reparto de Concejalías y el último el de aprobación de presupuestos.
Para Vidal «es un varapalo tremendo», esta sentencia, aunque considera que no tendrá repercusiones en los presupuestos posteriores «porque en 2016 se hicieron nuevos presupuestos», con un acuerdo firmado con las pedanías «y no han sido impugnados», explica.
De todos modos, considera que políticamente, estas decisiones judiciales deberían tener repercusión «es un cúmulo de irresponsabilidades y pido responsabilidades. Las consecuencias son notablesy el daño es mucho», asegura la concejala.
La oposición solicita al equipo de Gobierno que pida responsabilidades
«Exigimos al equipo de gobierno actual que actué y solucione a la máxima brevedad posible este asunto», dice enfadado el portavoz del Grupo Municipal Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández en un escrito referido a la sentencia que anula el presupuesto de 2015. Fernández se pregunta qué sucederá ahora, si se recurrirá la sentencia o si se convocará un pleno de la actual corporación para que apruebe dicho presupuesto. «Convencidos firmemente que nunca un equipo de gobierno hizo tanto daño en tan poco tiempoal Ayuntamiento de Ponferrada,se deben exigir las responsabilidades políticas a aquellos que gobernaron la ciudad y cuyas decisiones más importantes han sido casi todas tumbadas en los tribunales», dice, en referencia al gobierno del bipartito. Como concejal de Medio Rural que fue en 2015, Pedro Muñoz ha manifestado su sorpresa ante esa anulación y lamenta que se haya producido «por causas infantiles, no dando audiencia a quien tiene derecho. Sólo implicaba una escucha y es muy triste que alguien que sirva a los ciudadanos no lo haya hecho. Me parece horrible». Por eso quiso marcar distancias con los partidos que gobernaron antes, USE y PP, porque en 2016 él consiguió que los 17 pedáneos aprobaran por unanimidad un documento en el que se recogen los derechos y deberes de los pedáneos y que tienen derecho a estar en los plenos con voz pero sin voto. En él se recogía un dossier con las obras solicitadas por las Juntas Vecinales para poder incluirlas en un presupuesto, en aquel momento en tramitación, para repartir los 400.000 euros con los que se esperaba contar. «Nos da vergüenza cuando alguien no cumple», dice Muñoz lamentando de nuevo lo sucedido y comprometiéndose a seguir adelante con ese convenio para los próximos años «volveremos a firmar ese acuerdo y será de obligado cumplimiento».
Desde el PSOE recuerdan que aquellos presupuestos no debieron aprobarse porque había alegaciones sobre la mesa, pero se hizo de manera irregular y ahora toca acatar una sentencia y lamentar un caso que «pone en evidencia la necesidad imperiosa de que entre aire nuevo en la Casa Consistorial, que acabe con toda esa época oscura, y larga, muy larga», dice su portavoz.