El Ayuntamiento de Ponferrada aprobó en pleno la resolución de alegaciones presentada por FCC, adjudicataria del servicio de limpieza, tras la revisión de la deuda generada al término del contrato anterior y los costes derivados de las huelgas de 2016 y 2017.
La concejala del equipo de gobierno, Lidia Coca, explicó que se han estimado parcialmente las alegaciones, fijando el pago en 1.169.416 euros, muy por debajo de los 7,6 millones reclamados por la empresa. Esta reducción se debe, según indicó, a que “ya se han costeado al 80% las liquidaciones anuales de tres años: 2016, 2017 y 2018”, lo que rebaja considerablemente la cuantía final.
Coca defendió el criterio de los técnicos municipales que avalan este pago parcial y respondió a las críticas del PSOE, que denuncia la ocultación de un informe previo. La edil aseguró que ese documento “existe, pero era un borrador” en el que, según el portavoz del PSOE, Olegario Ramón “sí se asumía casi lo que solicita la empresa, unos 7.003.825,20 euros”.
Además, acusó a los socialistas de generar “cortinas de humo para esconder todo lo que va a venir a partir de ahora” y afirmó que “todo está explicado ya”, llegando a acusar al portavoz socialista de “mentir”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Olegario Ramón, insistió en que “no es menor” la diferencia entre los informes existentes, uno que cifra la deuda en torno a 7 millones y el actual que la reduce a poco más de 1,1 millones.
Por ello, solicitó que el punto quedara sobre la mesa antes de continuar el proceso: “Porque si no podría ser más caro”. En su opinión, si la deuda real se aproxima a los siete millones, “deberíamos establecer un pago por plazos antes de pasar a los juzgados”.
Ramón pidió alcanzar un consenso técnico sobre la cantidad adeudada entre los responsables del área de Medio Ambiente y el resto de técnicos municipales.
El alcalde, Marco Morala, rechazó dejar el asunto sobre la mesa al considerar que “no es el momento”, reprochando a Ramón no haberlo solicitado antes: “Ahora solo hay que resolver alegaciones a un acuerdo anterior”. Además, advirtió de que el procedimiento “ya está judicializado” y debe seguir su curso, añadiendo: “Si usted no trabajó antes no lo deben pagar los ciudadanos”.
Morala también recordó que en 2017 el PSOE votó a favor del acuerdo para poner fin a la huelga de la limpieza “nos ha traído usted aquí con su voto a favor”, afeó. Ante las protestas socialistas, el regidor llamó al orden a varios concejales y defendió que las liquidaciones corresponden al periodo entre 2018 y 2022, instando al PSOE a que “no manipule, vote lo que corresponda”.
Desde Coalición por El Bierzo (CB) se criticó la tensión generada en torno a este asunto y se restó recorrido al conflicto, al considerar que no existe ningún informe oculto.
Además, el portavoz de CB, Iván Alonso al origen del problema en el contrato inicial: “El origen de este problema fue el macrocontrato que se firmó en su día, donde no se hablaba de trabajadores sino de horas”. Ramón coincidió en que ese contrato “fue una ruina para Ponferrada”, aunque insistió en que el origen de la deuda está en la gestión de las huelgas durante el mandato de Gloria Fernández Merayo.
El punto salió adelante finalmente tras el rechazo del equipo de gobierno a aplazar la votación.
Acusaciones de mentir o no mentir
El pleno finalizó con el turno de ruegos y preguntas, en el que el PSOE planteó más de una veintena de cuestiones. Los socialistas mostraron su preocupación por que se cumpla la decisión plenaria sobre la modificación de la ordenanza de la tasa del mercado, tal y como instó el Procurador del Común, y reclamaron también la elaboración de una ordenanza sobre vehículos de movilidad personal, como también solicitó el Común.
Asimismo, urgieron la finalización de las viviendas para jóvenes y pidieron solicitar una prórroga para no perder la ayuda de un millón de euros, advirtiendo que, de no lograrse, debería ser Somacyl quien asumiera el coste puesto que consideran que los retrasos han sido por su culpa.
El PSOE reclamó además agilizar el pago de ayudas a las asociaciones vecinales, la puesta en funcionamiento de los aparcabicis y la reparación de los desperfectos en las terrazas de los gastrobares para que puedan volver a utilizarse.
El turno concluyó con un ruego dirigido al alcalde: “que no mienta ni manipule en los plenos”, en referencia a la afirmación de que el PSOE votó a favor del pago de la deuda con FCC en 2017. Morala respondió: “No consiento este ruego”, asegurando que el acuerdo plenario “está en las actas”. Ambos se enfrascaron en una polémica en la que el regidor retiró la palabra varias veces al portavoz del PSOE.
Por su parte, Vox planteó una pregunta sobre el futuro del sistema ORA en la ciudad.