La Fiscalía del Área de Ponferrada solicita una pena de cinco años de prisión para el que fuera presidente de la Asociación de personas con discapacidad del Bierzo, AMBI acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y de un delito de acoso sexual. El Ministerio Fiscal le imputa haber mantenido un sistema continuado de coacción laboral y exacción salarial durante diez años, entre enero de 2008 y enero de 2018.
Según el escrito de acusación provisional del procedimiento abreviado, el empresario exigía de forma deliberada a sus empleados que le devolvieran parte del sueldo recibido. Esta práctica afectaba habitualmente a los trabajadores a jornada completa que superaban los 1.200 euros netos mensuales y a los de media jornada con ingresos superiores a los 600 euros. La devolución del dinero se ejecutaba entregando los salarios en sobres de los que previamente se había sustraído la cantidad exigida, o bien obligando a los empleados a reintegrar el importe en efectivo mediante sobres que debían depositar en las oficinas de la empresa destinados al propio acusado o a personas de su confianza.
El escrito detalla numerosos afectados a los que se adeudan o se les detrajo ilegalmente cantidades económicas, sumando una responsabilidad civil global en concepto de indemnizaciones y salarios no percibidos que asciende a 84.792 euros.
Paralelamente a las irregularidades laborales, la investigación sacó a la luz una situación de hostigamiento sufrida por una de las trabajadoras de la empresa desde finales de 2016. El acusado intentó entablar una relación sentimental con ella mediante correos electrónicos e insistencias sobre su vida personal que excedían el ámbito laboral, generándole una situación de profunda incomodidad.
Ante la negativa sistemática de la empleada a acceder a sus pretensiones, el empresario optó por no renovarle el contrato de trabajo, advirtiéndole expresamente de que no le quedaba otra opción debido a su actitud. La trabajadora denunció los hechos en sede policial a finales de diciembre de 2017.
Por el delito contra los derechos de los trabajadores, la Fiscalía solicita cinco años de prisión con inhabilitación especial para el sufragio pasivo, doce meses de multa con cuota diaria de diez euros y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
Por el delito de acoso sexual, se piden catorce meses de multa con la misma cuota diaria y el abono de las costas. Asimismo, el Ministerio Público reclama que el acusado y las entidades mercantiles como responsables civiles subsidiarios indemnicen solidariamente a los perjudicados por un total de 84.792 euros, de los cuales 15.000 euros corresponden específicamente a los daños morales sufridos por la trabajadora acosada.
El juicio está señalado para los días 6 y 7 de octubre de 2026 en la sección tercera de la Audiencia.
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