Piden a la Junta compromiso con el Plan nacional de Choque de Dependencia

La concejala de Mayores en el Ayuntamiento de Ponferrada aplaude las inversiones que supondrán un aumento histórico de hasta 3.600 millones de euros en 3 años

M.I.
25/01/2021
 Actualizado a 25/01/2021
Varela es concejala de Mayores de Ponferrada.
Varela es concejala de Mayores de Ponferrada.
La concejala de Mayores en el Ayuntamiento de Ponferrada, María Luisa Varela, aplaude el Plan de Choche en Dependencia que ha aprobado el Gobierno central de la mano de las comunidades autónomas. En ese sentido la concejala hace hincapié en la necesidad de articular “un compromiso autonómico a la altura de las circunstancias”.

Varela recuerda que "mientras el Gobierno central se ocupa de deshacer los recortes perpetrados por el Partido Popular, la Junta de Castilla y León no puede seguir machacando a las personas más vulnerables si queremos ser capaces de lograr los objetivos previstos”. “Es inadmisible que, por ejemplo, con cerca de 16.000 personas mayores de 65 años sólo dispongamos de 274 plazas públicas en residencias", apunta.

El nuevo plan, que se centra en dotar el sistema de dependencia de los recursos necesarios para mejorar la calidad y la eficacia y que ha sido acordado con los agentes sociales, permitirá reducir las listas de espera, asegurar condiciones laborales dignas para los profesionales y mejorar los servicios y prestaciones de las personas usuarias.

“Con las inversiones acordadas, que supondrán un aumento histórico de hasta 3.600 millones de euros en 3 años, podremos por fin empezar a caminar para revertir la situación en la que la sangrante indiferencia del Partido Popular nos ha venido ahogando durante tanto tiempo", explica Varela.

En este sentido, las enmiendas presentadas por la formación morada a las cuentas de la Comunidad recogen la dotación de 500.000 euros para la construcción de una nueva residencia pública en el Bierzo que permita "reforzar y dignificar" la atención a la tercera edad, así como la necesidad de priorizar el carácter público de los servicios, la apertura de plazas cerradas en un plazo máximo de 6 meses, la mejora de las condiciones laborales o la revisión de los protocolos y objetivos vigentes en pro de la justicia social.
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